En un momento crucial para la economía española, el Gobierno ha presentado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas. Estos objetivos servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Ejecutivo pretende tener listos a finales de este año.
Después de un arduo proceso de negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se han establecido una serie de metas que marcarán el rumbo de las finanzas públicas en los próximos años. Estas cifras serán sometidas a debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, siendo un paso esencial para la tramitación de las cuentas públicas.
Senda Fiscal y Objetivos Presupuestarios
El Gobierno ha incluido mejores previsiones de crecimiento macroeconómico, con un repunte del PIB del 2,4% para este año y del 2,2% en 2025. Esto le ha permitido proponer una senda fiscal más favorable, que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027.
Además, se prevé reducir la deuda pública por debajo del 100% del PIB al final de este periodo. La Administración Central asumirá la mayor parte de esta responsabilidad, con objetivos de déficit del 2,2% en 2025, el 1,8% en 2026 y el 1,5% en 2027. Por su parte, las comunidades autónomas tendrán un objetivo de déficit del 0,1% en esos mismos ejercicios, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán de equilibrio presupuestario (0%) en 2025 y 2026.
Límite de Gasto y Deuda Pública
Junto a estos objetivos presupuestarios, se ha establecido un límite de gasto no financiero o «techo de gasto» de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Dentro de este techo de gasto se contempla una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más respecto a 2023.
En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha fijado el objetivo de que se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, llegando al 101,8% en 2026 y situándose por debajo del 100% en 2027, concretamente en el 99,7%. Para las comunidades autónomas, la deuda deberá situarse en el 20,8% del PIB en 2025, el 20% en 2026 y el 19,4% en 2027. En el caso de los ayuntamientos, la deuda mantendrá una senda descendente, pasando del 1,3% en 2025 y 2026 al 1,2% en 2027.
Tramitación y Aprobación de los Objetivos
El Ejecutivo confía en que los objetivos de estabilidad sean respaldados por el Congreso de los Diputados sin mayores inconvenientes, tal y como ocurrió con los de los Presupuestos de 2024. Sin embargo, la tramitación en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, podría ser más complicada.
No obstante, el Gobierno ha aprovechado la entrada en vigor de la Ley de Paridad para eliminar el poder de veto irrevocable del Senado sobre estos objetivos. De este modo, si el PP los rechaza en la Cámara Alta, bastará con que vuelvan al Congreso y se aprueben con una mayoría simple.
En definitiva, el Gobierno ha presentado una hoja de ruta fiscal ambiciosa, con el objetivo de reducir el déficit público y la deuda pública en los próximos años. Estos objetivos serán clave para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, cuya aprobación en tiempo y forma es una prioridad para el Ejecutivo.
