El grupo político Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para que las entidades financieras implementen un sistema de reclamación específico para denunciar las cláusulas abusivas relacionadas con la amortización del pago de la cuota de la hipoteca y sus intereses.
Estas cláusulas, conocidas como «Redito ad Libitum» (Redal), han sido introducidas en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos «engañosos» o sistemas de subamortización «encubierta», de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y, después de décadas, se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica al momento de firmar el contrato.
Falta de Transparencia y Tecnicismos Incomprensibles
El diputado de En Comú integrado en Sumar, Félix Alonso, señala que las cláusulas Redal pueden originarse por varios motivos, como contener sistemas de amortización que se basen, en su totalidad o en parte, en un sesgo de comprensión matemático-financiero que está fuera del alcance del conocimiento del consumidor medio.
Estas cláusulas abusivas se traducen en ocasiones en subamortizaciones ligadas a tecnicismos financieros (sistema francés, cuotas constantes u amortización progresiva) que no se explican en el contrato. Sucede lo mismo con métodos exponenciales que no advierten explícitamente de los resultados de dichas fórmulas o procedimientos en el futuro pago de la cuota.
Además, los contratos pueden no proveer al usuario las informaciones sobre los importes de las cuotas bajo diferentes escenarios de tipos de interés, poniendo el importe de las primeras cuotas mensuales a pagar sin especificar cuánto variará la cuota en caso de un contrato de interés variable, o solo presentando las ventajas del pacto financiero firmado.
Necesidad de Nuevas Herramientas para Detectar Abusos
Sumar defiende que es necesario desarrollar nuevas herramientas para detectar si el clausulado de los contratos goza de transparencia o, por el contrario, esconde abusos o informaciones sesgadas que perjudican al cliente o le llevan a tomar, sin pleno conocimiento, decisiones perjudiciales para su economía.
El grupo plurinacional cree que cabe un refuerzo de la actividad de las entidades y administraciones de defensa de los intereses de los clientes financieros, ante la imposibilidad de los clientes de reclamar incumplimientos de la normativa cuando son cometidas por las entidades financieras.
Por ello, la proposición de ley recoge los aspectos relativos a los llamados «cebos» financieros que están presentes en los contratos de cuota creciente y en otros muchos tipos de contratos, frente a los cuales se hace necesario, dice Sumar, proteger «adecuadamente» al consumidor.
Sistema de Reclamaciones Conocido por los Consumidores
La principal propuesta de la ley es que las entidades de crédito implementen un sistema de reclamación específico, cuyo objeto será atender las peticiones de los consumidores. Las entidades deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas algunas de las cláusulas recogidas en la ley.
Además, la norma establece que en el caso de que haya contradicción entre los tecnicismos de un contrato hipotecario y los pactos financieros acordados, el consumidor podrá elegir entre anular la cláusula de amortización o aplicar las condiciones financieras que le sean más favorables.
Con esta proposición de ley, Sumar busca proteger adecuadamente a los consumidores españoles, quienes se enfrentan a la dificultad o, incluso, imposibilidad de tramitar reclamaciones por infracciones de consumo en el ámbito de los servicios financieros.
