La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto severas sanciones a siete importantes distribuidoras de alimentos que formaron parte de tres cárteles diferenciados. Estos cárteles se dedicaron durante años a repartirse los contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales, centros militares, residencias de mayores, cárceles e incluso a la Academia General Militar de Zaragoza.
La investigación de la CNMC, que incluyó inspecciones en las sedes de varias empresas, reveló la existencia de tres cárteles distintos. El primero, integrado por Plataforma Femar, Acacio, Serviline Foods y Asesores Llangon, se repartió contratos públicos de suministro de alimentos a entidades dependientes de organismos públicos y privados entre 2015 y 2021. El segundo cártel, conformado por Femar y Leonesa de Patatas, afectó a los contratos de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) en 2022. Mientras que el tercero, compuesto por Femar, Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca, también impactó en contratos penitenciarios del TPFE ese mismo año.
SIGNIFICATIVA MULTA IMPUESTA POR LA CNMC
La CNMC ha sancionado a estas empresas con una multa total de 3,13 millones de euros por infringir el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. La mayor multa, de más de 2 millones, recayó sobre Plataforma Femar, seguida de Acacio (346.000 euros), Serviline Foods (170.000 euros), Asesores Llangon (3.500 euros), Leonesa de Patatas (45.000 euros), Frutícolas Ateca (65.000 euros) y Hermanos Vidal (60.000 euros).
Además, la CNMC también ha sancionado a varios directivos de estas empresas con multas individuales que suman 176.100 euros. Entre los sancionados se encuentran Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio), Alberto Marín Hernández (Femar), José Antonio Cebollada Andrés (Serviline), Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline) y Nuria Llanos González (Llangon).
INVESTIGACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE LOS CÁRTELES
El proceso se inició cuando los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón detectaron indicios de colusión en varias licitaciones y pusieron esta información en conocimiento de la CNMC y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón.
Tras realizar inspecciones en las sedes de las empresas en marzo y septiembre de 2022, la CNMC incoó en diciembre un procedimiento sancionador que amplió en julio de 2023. De esta manera, la autoridad de competencia logró desmantelar los tres cárteles que se habían formado para repartirse los lucrativas contratos públicos de suministro de alimentos.
La actuación de la CNMC ha sido decisiva para poner fin a estas prácticas anticompetitivas que distorsionaban el mercado y perjudicaban a las entidades públicas y privadas que contrataban estos servicios. Además, las cuantiosas multas impuestas envían un claro mensaje disuasorio a cualquier empresa que pretenda participar en acuerdos colusorios en el futuro.
