El panorama económico actual, marcado por la inflación y la subida de tipos de interés, ha puesto en el punto de mira la capacidad de muchas familias españolas para hacer frente a sus hipotecas. En este contexto, el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, concebido como un escudo protector para los hogares vulnerables, cobra especial relevancia.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado recientemente su intención de prorrogar este código hasta 2025. Esta decisión responde a la necesidad de seguir ofreciendo un marco de seguridad a las familias, en un momento en el que la incertidumbre económica aún persiste. La prórroga busca dar continuidad a las medidas que faciliten el pago de las hipotecas, especialmente para aquellos hogares con mayor riesgo de vulnerabilidad.
Análisis del Impacto y Alcance del Código Hipotecario
A pesar de su vigencia desde 2022, el uso del Código de Buenas Prácticas ha sido «marginal», según ha reconocido el propio ministro Cuerpo. Esta baja adhesión, lejos de ser negativa, refleja una fortaleza en la situación financiera de la mayoría de los hogares españoles. Las cifras hablan por sí solas: de las 79.300 solicitudes recibidas hasta mayo, solo se han analizado entre un 14% y un 15%, materializándose en 11.600 operaciones.
Esta situación contrasta con el contexto de hace unos meses, cuando la rápida subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) hacía prever un empeoramiento de la economía y un aumento de la vulnerabilidad financiera de las familias. Si bien la reciente bajada de tipos del BCE ha supuesto un alivio, la incertidumbre persiste y la cautela sigue siendo necesaria.
Inclusión Financiera: Un Compromiso Más Allá de las Hipotecas
La inclusión financiera de todos los segmentos de la población es una prioridad para el Gobierno. En este sentido, se han implementado medidas para garantizar el acceso a los servicios financieros a personas mayores, con discapacidad y residentes en zonas rurales. El ministro Cuerpo ha destacado los avances en este ámbito, como la ampliación del horario en el 80% de las sucursales bancarias, la adaptación de más del 90% de los cajeros y la formación financiera recibida por 660.000 personas mayores.
Además, se ha puesto en marcha una encuesta específica sobre inclusión financiera, en colaboración con el CIS y el Banco de España, con el objetivo de conocer de manera más precisa las necesidades de los españoles en este ámbito. Esta iniciativa permitirá ajustar las políticas públicas para garantizar un acceso equitativo y efectivo a los servicios financieros para todos.
En definitiva, el compromiso del Gobierno con la protección de las familias y la inclusión financiera se materializa en medidas concretas como la posible prórroga del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias y las iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros de los colectivos más vulnerables.
