El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado un importante avance en la regulación del sector de alojamientos turísticos en España. Según sus declaraciones, el registro estatal de pisos turísticos y alquileres temporales estará operativo entre marzo y abril de 2025, adelantándose así al plazo establecido por el reglamento europeo aprobado en abril de este año. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la transparencia y el control en un sector que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.
La implementación de este registro no solo busca dar cumplimiento a las normativas europeas, sino que también pretende ofrecer una herramienta valiosa para las comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España. El objetivo principal es proporcionar una plataforma unificada que permita una mejor comprensión y gestión de la realidad del alojamiento turístico en el país. Este sistema facilitará la identificación de cada vivienda mediante un código único, similar a lo que ocurre en otras actividades económicas, lo que permitirá un seguimiento más preciso y eficaz de la oferta de alojamientos turísticos.
Competencias y colaboración entre administraciones
El ministro Hereu ha subrayado la importancia de respetar las competencias autonómicas en el control de la legalidad de las viviendas turísticas. En este sentido, el registro estatal se presenta como una herramienta de apoyo para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus funciones de manera más efectiva. La plataforma no pretende sustituir las competencias regionales, sino complementarlas, ofreciendo una base de datos centralizada que permita una visión global del sector.
La colaboración entre diferentes niveles de la administración se perfila como un elemento clave en este proceso. A finales de mayo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, mantuvo una reunión con los responsables de vivienda de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para plantear la creación de esta plataforma estatal. Este enfoque colaborativo busca asegurar que los datos recopilados sean públicos y homologables con los estándares de la Unión Europea, facilitando así una mejor coordinación y toma de decisiones a nivel nacional e internacional.
El registro estatal no solo servirá para ofrecer una imagen más clara del panorama de alojamientos turísticos en España, sino que también se perfila como una herramienta fundamental en la lucha contra el fraude y la oferta ilegal. La ministra Rodríguez ha hecho un llamamiento explícito a plataformas como Airbnb para que colaboren en la implementación de este sistema, subrayando la importancia de contar con la cooperación del sector privado para garantizar el éxito de esta iniciativa.
Impacto y expectativas del nuevo registro
La implementación del registro estatal de pisos turísticos y alquileres temporales promete tener un impacto significativo en el sector turístico español. Por un lado, se espera que contribuya a reducir la oferta ilegal que ha proliferado en algunas ciudades debido a la falta de regulación efectiva. El ministro Hereu ha señalado que la ausencia de decisiones por parte de algunas administraciones locales ha llevado a un exceso de oferta y a la proliferación de alojamientos ilegales, una situación que este nuevo sistema pretende corregir.
La transparencia que proporcionará el registro permitirá a las autoridades competentes tomar decisiones más informadas sobre la regulación y limitación de la oferta de alojamientos turísticos. Esto es particularmente relevante en un contexto donde muchas ciudades españolas están experimentando tensiones en el mercado inmobiliario, con un impacto directo en la disponibilidad y el precio de la vivienda para los residentes locales. El registro ofrecerá datos valiosos para equilibrar las necesidades del sector turístico con las de la población local.
Además, se prevé que el registro estatal mejore la calidad de la oferta turística en España. Al proporcionar un marco más claro y transparente, se espera que los propietarios de alojamientos turísticos se vean incentivados a cumplir con todas las normativas aplicables, lo que redundará en una mejor experiencia para los visitantes. Esto, a su vez, podría fortalecer la posición de España como destino turístico de calidad a nivel internacional, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo del sector.
