La Seguridad Social española atraviesa una situación compleja caracterizada por un déficit persistente que se ha extendido por seis años consecutivos. El Tribunal de Cuentas ha expresado su preocupación por esta situación, instando al Gobierno a tomar medidas urgentes para solventar el problema del endeudamiento de la institución. En su Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, el Tribunal ha destacado la gravedad del balance de la Seguridad Social, el cual refleja un patrimonio neto negativo de 88.759,4 millones de euros a cierre de 2022.
La situación se agrava por el endeudamiento que la Seguridad Social acumula debido a los préstamos que recibe del Estado para financiar sus operaciones. En 2022, el Estado otorgó un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha recomendado que, en lugar de estos préstamos, se prioricen las transferencias corrientes, que en 2022 ascendieron a 18.396 millones de euros. Además, ha subrayado la importancia de que el Fondo de Reserva, conocido como la «hucha de las pensiones», se contabilice como parte del patrimonio de la Seguridad Social, tal y como está previsto legalmente desde 2023.
El Déficit del Estado y la Necesidad de Mejoras en la Gestión
El informe del Tribunal de Cuentas también ha puesto de manifiesto la preocupante situación del déficit del Estado, que a finales de 2021 ascendía a 1,33 billones de euros. Además, el documento ha detectado una serie de deficiencias en la gestión de las cuentas públicas, como una infravaloración del resultado presupuestario consolidado por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos. También se han detectado pagos sin justificar por un valor de 1.143,7 millones de euros, que superan los plazos establecidos en la normativa.
Otras deficiencias detectadas en el informe incluyen la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación por la Seguridad Social, la sobrevaloración de los deudores tributarios, la infravaloración de las deudas por cotizaciones con la Seguridad Social, el SEPE y el FOGASA por la falta de registro de los intereses de demora devengados y la sobrevaloración del deterioro de valor de los activos.
Preocupaciones sobre el Cobro de Cotizaciones y la Falta de Transparencia
El Tribunal de Cuentas ha expresado sus dudas sobre el cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, que ha sido objeto de moratoria desde 1995. Además, el organismo ha detectado que no se han integrado en la Cuenta General del Estado 68 entidades del sector público estatal, a pesar de que no son de gran relevancia en términos de importe.
El informe también ha detectado errores en el registro contable de los pagos a las concesionarias de autopistas mediante peaje en la sombra y ha expresado incertidumbres en la valoración de los activos inmovilizados en distintas entidades del sector público empresarial.
Por último, el Tribunal ha señalado que no se han podido verificar parte de los saldos contables reflejados en las cuentas de tesorería del sector público administrativo, y ha detectado incertidumbres y falta de homogeneidad en los criterios sobre las provisiones por riesgos. También ha apuntado que no figura como pasivo el importe de la deuda pendiente relacionada con la insuficiencia de financiación de infraestructuras en Cataluña, y que se han contabilizado como gasto del ejercicio actual gastos de ejercicios anteriores.
La situación financiera de la Seguridad Social y el Estado español presenta un panorama complejo que exige un análisis profundo y la implementación de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la institución y la solvencia del país.
