El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos de la misma por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.
En su auto, el magistrado concluye que «la instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable».
La Contratación con Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
El fiscal afirma que esto permitía a Villarejo, «entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso». Además, sostiene que Corrochano, conociendo la «doble actividad» de su amigo y compañero Villarejo, le comunicó a Francisco González la existencia de tal «anómalo e ilegal» recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo.
El Papel de Francisco González
La Fiscalía añade que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».
Por otro lado, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos del BBVA «no puede calificarse de idóneo» porque «claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección». Además, detalla los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad, en los que se habrían encargado investigaciones sobre diversos empresarios y operaciones.
La investigación del juez Manuel García Castellón apunta a que tanto el BBVA como su expresidente Francisco González estarían implicados en los presuntos encargos ilegales realizados por el comisario José Manuel Villarejo, lo que podría derivar en el enjuiciamiento de la entidad bancaria como persona jurídica penalmente responsable. La Fiscalía Anticorrupción ha realizado una «prolija exposición» de los hechos, que el magistrado ha hecho suya en su auto.
