La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable, supuestamente cometidos durante la ampliación de capital del banco en 2016, antes de la resolución de la entidad. Esta decisión ratifica la propuesta del juez José Luis Calama, quien en marzo pasado aseguró que los inversores acudieron «engañados» a la ampliación.
El proceso judicial involucra a trece directivos, entre ellos Ángel Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera, así como a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC). A pesar de que la defensa de Ron presentó un recurso alegando la ausencia de indicios de actuación delictiva en su gestión, la Sala de lo Penal ha desestimado este argumento y ha respaldado los criterios y fundamentos esgrimidos por el juez Calama para atribuir responsabilidad penal al expresidente del Banco Popular.
El papel decisivo de Ángel Ron en la ampliación de capital
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional han subrayado la importancia de la figura del presidente del Banco Popular en la aprobación y ejecución de la ampliación de capital acordada en 2016. Consideran que, al tratarse de una operación crucial para la operatividad y subsistencia de la entidad, sería «absurdo» pensar que el presidente no hubiera tenido una actuación relevante y decisiva en este proceso.
Además, los jueces han destacado que Ángel Ron no era un presidente con funciones meramente representativas, sino que contaba con funciones ejecutivas que incidían de manera incuestionable en la marcha del banco. Teniendo en cuenta que, en aquella época, el Banco Popular era una de las grandes entidades bancarias de España, con un peso significativo en la economía nacional, una decisión de tal calibre habría involucrado necesariamente al presidente de la entidad.
La Sala de lo Penal ha hecho hincapié en que el objeto del procedimiento son los hechos derivados de la aprobación y ejecución de la ampliación de capital, una tarea de la que no se puede apartar la figura del presidente del banco. Por lo tanto, la responsabilidad de Ángel Ron en este proceso es un aspecto central en la investigación y el futuro juicio.
La defensa de Ángel Ron y la desestimación de su recurso
La defensa de Ángel Ron presentó un recurso en el que aseguraba que la investigación había puesto de manifiesto «la ausencia de todo indicio de actuación delictiva» en la gestión del expresidente. Criticaron que el juez Calama hubiera prescindido de «la abundante prueba de descargo, señaladamente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, elaborada por funcionarios del Banco de España».
Asimismo, la defensa lamentó que el magistrado acogiera «exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento, que ha obviado los indicios y evidencias de descargo y legalidad que avalaban toda la gestión de la entidad». Sin embargo, la Sala de lo Penal ha desestimado estos argumentos y ha respaldado los criterios y fundamentos esgrimidos por el juez Calama para atribuir, al menos de manera provisional, responsabilidad penal a Ángel Ron.
La decisión de la Sala de lo Penal de confirmar el procesamiento de Ángel Ron y los demás directivos involucrados en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 sienta las bases para un juicio en el que se deberán esclarecer las presuntas irregularidades cometidas y determinar las responsabilidades correspondientes. Este caso ha generado gran interés en el sector financiero y en la sociedad española, dado el impacto que tuvo la resolución del Banco Popular en su momento y las consecuencias para los inversores afectados.
Un golpe contra la impunidad financiera en España
La confirmación por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que Ángel Ron deberá ser juzgado por los presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 representa un hito significativo en este caso de alto perfil. A pesar de los intentos de la defensa de Ron por desestimar las acusaciones, los magistrados han respaldado la decisión del juez Calama y han subrayado la importancia del papel del expresidente en la aprobación y ejecución de esta operación crucial para la entidad bancaria.
El futuro juicio deberá arrojar luz sobre las presuntas irregularidades cometidas y determinar las responsabilidades de los directivos involucrados, incluyendo a Ángel Ron y su vicepresidente, Roberto Higuera. Este caso no solo tiene implicaciones para los acusados, sino que también ha generado un gran interés en el sector financiero y en la sociedad española, dado el impacto que tuvo la resolución del Banco Popular y las consecuencias para los inversores afectados. La resolución de este proceso judicial sentará un precedente importante en la lucha contra la estafa y la falsedad contable en el ámbito bancario.
