La autopista AP-9, que vertebra de norte a sur el eje atlántico gallego, ha sido objeto de un largo proceso de intentos de transferencia desde el Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Galicia. Este martes, 11 de junio, el Congreso votará la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento gallego para lograr este traspaso, en lo que será el cuarto intento legislativo de conseguir el control de esta importante vía de comunicación.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos gallegos, incluyendo al PPdeG, BNG y PSdeG, cuyos portavoces acudirán a la Cámara Baja para participar en el debate. Sin embargo, el camino hacia la transferencia no parece ser sencillo, según advierte el Ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque se compromete a mantener las bonificaciones para la autopista.
La Importancia de la AP-9 para Galicia
La AP-9 es una carretera de pago que atraviesa un territorio en el que reside el 65% de la población gallega, lo que convierte a estos peajes en una penalización para los usuarios. Esta situación se ha visto agravada por las diferentes modificaciones realizadas en los últimos años al convenio entre el Estado y Audasa, la concesionaria de la autopista.
La transferencia de la AP-9 a Galicia supondría un importante paso para mejorar la gestión de esta infraestructura vital para la comunidad. Permitiría a la Xunta de Galicia tener un mayor control sobre las tarifas, las bonificaciones y las inversiones necesarias para mantener y mejorar la calidad de la vía. Además, podría suponer un impulso para la economía gallega, al facilitar la movilidad de personas y mercancías a lo largo del eje atlántico. Esto podría traducirse en un aumento de la competitividad de las empresas gallegas y en la creación de nuevas oportunidades de negocio y empleo.
El Papel de los Partidos Políticos Gallegos
Los principales partidos políticos gallegos han mostrado su apoyo a la transferencia de la AP-9 a Galicia. El PPdeG, que lidera Alfonso Rueda, ha promovido la actual proposición de ley y ha asegurado que los diputados populares votarán a favor de su toma en consideración en el Congreso. Por su parte, el PSdeG, a través de su líder José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que los diputados socialistas también apoyarán la tramitación de la nueva ley. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha enfriado las expectativas, advirtiendo que el proceso no será sencillo.
El BNG, representado por el diputado Néstor Rego, ha sido un firme defensor de la transferencia de la AP-9 a Galicia. Además de votar a favor de la proposición de ley, el BNG ha presentado una moción en la que insta al Gobierno a anular la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048, asumir la gestión directa de la autopista y suprimir los peajes.
Los Desafíos Económicos de la Transferencia
Uno de los principales desafíos que plantea la transferencia de la AP-9 a Galicia es el aspecto económico. La proposición de ley incluye un punto para que sea la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas derivadas de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028. Además, la transferencia de la AP-9 a Galicia implicaría la asunción de los costes de mantenimiento y gestión de la autopista por parte de la Xunta. Esto podría suponer un reto presupuestario para la administración autonómica, que tendría que buscar fórmulas para financiar estas nuevas responsabilidades sin comprometer otros servicios públicos.
El debate y votación de la proposición de ley en el Congreso supone un nuevo paso en este largo proceso. Aunque el camino no será fácil, la unanimidad mostrada por los partidos políticos gallegos y el compromiso del Gobierno central de mantener las bonificaciones son señales positivas. Queda por ver si, en esta ocasión, se logrará culminar con éxito la transferencia de la AP-9 a Galicia, poniendo fin a una reivindicación histórica de la comunidad.
