Como en las vísperas de las grandes veladas de boxeo, el combate judicial entre Iberdrola y Repsol se calienta por momentos, con nuevos actores ‘metiendo baza’. Transport & Environment (T&E), una agrupación de ONGs europeas en favor de la movilidad sostenible, se ha sumado a la acusación de greenwashing lanzada por la eléctrica presidida por Ignacio Galán contra la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz. Repsol, de su lado, se encoge de hombros y dice que el único problema de Iberdrola es que no está acostumbrada a tener rivales en un mercado liberalizado.
El lunes 18 de marzo se conoció que el pasado mes de febrero Iberdrola presentó una demanda contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por «competencia desleal y publicidad engañosa», al considerar que ha incurrido en greenwashing o blanqueo ecológico.
Iberdrola presentó en febrero una demanda contra Repsol por «competencia desleal y publicidad engañosa», al considerar que ha incurrido en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico
Transport & Environment reaccionó inmediatamente a la información publicada sobre el pleito, emitiendo un comunicado el lunes en el que manifestaba que «la campaña de Repsol de ofrecer combustibles renovables en más de 500 gasolineras como una alternativa ‘limpia’ a la electrificación supone un caso claro de greenwashing y publicidad engañosa».
«La compañía petrolera declara que estos combustibles minimizan las emisiones y por eso suponen una solución eficaz para la reducción de las mismas en el transporte, a pesar de que en el mejor de los casos solo se producen reducciones significativas en las emisiones de CO2, y no en las emisiones que producen contaminación del aire como las de dióxido de nitrógeno (NO2) o partículas», señala la organización en su comunicado.
SUPUESTA FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS
«Esa supuesta reducción de emisiones de CO2 es, además, dudosa» -continúa- «Dada la falta de transparencia sobre las materias primas utilizadas y los múltiples casos de fraude que se han notificado al respecto».
A continuación, Transport & Environment explica que, si bien los biocombustibles pueden ser neutros en emisiones si se obtienen a partir de fuentes sostenibles, «el problema está en el motor de combustión», que al quemar estos carburantes sigue expeliendo al aire partículas nocivas para la salud.
Por otro lado, denuncia T&E, «la opacidad de Repsol con respecto al origen de estos biocombustibles es muy alarmante», ya que, según la organización, «existen casos en los que se han usado materias primas como el aceite de palma, ligadas a la deforestación y a la violación de derechos humanos en comunidades indígenas, haciéndolas pasar por aceite de cocina usado, una de las materias primas que según la compañía se usan para estos combustibles renovables».
El comunicado exhorta a Repsol a «aclarar el origen geográfico, el tipo de residuo y los volúmenes usados para demostrar que realmente están usando materias primas locales y sostenibles». Por otro lado, alude a una investigación propia para cuestionar que los biocombustibles o carburantes ‘verdes’ contribuyan a la independencia energética como sostiene Repsol, «ya que alrededor del 80% de las importaciones de aceite de cocina usado del país provienen de China».
«Repsol ha visto cómo la autoridad británica de publicidad le ha prohibido realizar una campaña similar en Reino Unido y ENI, la empresa petrolera mayoritaria italiana, ha sido multada por hacer otra campaña de greenwashing en el país transalpino, precisamente por promover tipos similares de combustibles».
El experto en políticas de transporte y medio ambiente de T&E, Carlos Rico, declara: «Esto no es simplemente una trifulca entre dos grandes empresas energéticas. Es un ejemplo de prácticas irresponsables por parte de Repsol, que en su deseo de salvar el motor de combustión y retrasar la transición energética, decide confundir a la ciudadanía y poner en riesgo su salud. Esperamos que la justicia sea ejemplar y ponga fin a esta campaña».
LAS ACUSACIONES QUE IBERDROLA LANZA A REPSOL
Los fundamentos de Derecho de la demanda presentada por Iberdrola apelan a la Ley de Competencia Desleal, basándose en las disposiciones relativas a los actos de engaño (art. 5), omisiones engañosas (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de las campañas de publicidad y comunicaciones corporativas de Repsol.
El contenido del escrito presentado ante el juzgado cántabro, adelantado por el diario El Confidencial, sostiene que Repsol ha incurrido en la práctica conocida como greenwashing. Este término inglés, traducible literalmente como ‘lavado verde’, designa aquellas actividades de las compañías dirigidas a aparentar preocupación y cuidado del medio ambiente, pero que en realidad esconden prácticas nocivas para la ecología. Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, «cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes», así como de «centrarse en la sostenibilidad, cuando ésta constituye un elemento menor de sus actividades actuales».
Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán considera que las campañas de Repsol «constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía».
Para Iberdrola, «la generalización de estas prácticas de ‘ecopostureo’ tiene consecuencias en los mercados, ya que termina por erosionar la confianza del consumidor en las iniciativas de sostenibilidad y socava los esfuerzos de las empresas que realmente estamos trabajando por construir un mundo más sostenible».
IBERDROLA QUIERE QUE REPSOL ENTONE EL ‘MEA CULPA’
Las vindicaciones de la parte demandante en este pleito denotan que para Iberdrola solo hay un desenlace posible para el conflicto: la rendición incondicional y el escarnio público.
La eléctrica reclama al juzgado la emisión de una sentencia que declare los presuntos actos de competencia desleal por parte de Repsol, «condenando a dicha compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y revertir sus efectos».
Asimismo, pide que se obligue a la compañía a cesar en dichas conductas y a no reiterarlas en el futuro, además de la remoción de los efectos producidos y a la destrucción de mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados.
IBERDROLA PIDE A LA JUSTICIA QUE OBLIGUE A REPSOL A CESAR EN LAS CAMPAÑAS PRESUNTAMENTE ILÍCITAS Y QUE LA PETROLERA VISIBILICE EL FALLO CONDENATORIO EN SU PÁGINA WEB, EN SUS REDES SOCIALES Y EN LOS MISMOS CANALES DE TELEVISIÓN Y RADIO EN QUE LAS PUBLICITÓ
También, en caso de sentencia a su favor, exige que Repsol publique el fallo en su página web corporativa, en radio y en televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).
Según Iberdrola, Repsol es una compañía dedicada «principalmente a la exploración, explotación y comercialización de combustibles fósiles altamente contaminantes, teniendo en cuenta sus magnitudes económicas».
Repsol ha salido al paso de estas incriminaciones argumentando que son «carentes de fundamento». La petrolera defiende que su estrategia y su propuesta de valor a los clientes «son únicas en la Península Ibérica y han generado nerviosismo en Iberdrola, una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado». Asimismo, señala que la demanda no le ha sido notificada.
