La Comisión de Vivienda del Congreso debatirá y votará este martes una proposición no de ley de Sumar para prohibir «de forma expresa» la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de la Administración General del Estado, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y el Ministerio de Defensa.
Eso sí, la propuesta de Sumar aboga por permitir la transmisión gratuita del patrimonio de suelo y vivienda a otras entidades públicas, para su transformación en parque público de alquiler.
A esto se incluye otra petición para prohibir durante tres años a los fondos de inversión y población no residente la compraventa de viviendas, para frenar la especulación «particularmente en las ciudades más turísticas».
Sobre todo porque, a juicio de Sumar, es «obvio» que las actuales políticas de vivienda han fracasado y en España la compraventa por parte de «fondos buitre» y población no residente representa en ciudades como Alicante un 40% de las transacciones, un 38% en Santa Cruz de Tenerife, un 32% en Málaga, un 30,85% en Girona y un 31% en Baleares.
ESCENARIO DE «EMERGENCIA HABITACIONAL»
El diputado de Compromís integrado en Sumar y artífice de la iniciativa, Alberto Ibáñez, defiende estas propuestas por el escenario de «emergencia habitacional» en el que se encuentra el país, con jóvenes que cada vez tienen mayores dificultades para emanciparse y fondos de inversión que acaparan cada vez más inmuebles.
«Es imposible proponer un horizonte de futuro, garantizar la seguridad material de las familias hoy, sin atrevernos a regular de una manera rápida, urgente e incisiva el derecho a la vivienda en nuestro país», ha incidido Ibáñez en una rueda de prensa este lunes.
El grupo urge con su iniciativa a adoptar una nueva cultura política de vivienda que se centre en garantizar el acceso al conjunto de la sociedad, regulando los precios de alquiler y ampliando el parque de vivienda pública, pero también frenando de raíz la «voracidad especulativa» de una «minoría social.
