La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno español trate de influir en la demanda colectiva presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio del despido en España.
La CES ha alertado a través de un comunicado que esta injerencia del Gobierno pone en peligro «el mandato, la composición, las responsabilidades y los métodos de trabajo de la Comisión de Reclamaciones Colectivas», así como el funcionamiento de ésta y las reclamaciones colectivas que se presenten en el futuro, como la presentada también por UGT en enero de 2024 sobre el precio de las horas extras.
Así, ha advertido sobre el impacto de esta acción o maniobra y exige que, «por razones de transparencia, seguridad jurídica y principios de juicio justo, el Comité Europeo de Derechos Sociales debe iniciar urgentemente una reflexión sobre la elaboración de tales disposiciones y procedimientos».
Asimismo, la CES, que representa a más de 45 millones de trabajadores en Europa, ha instado a que cesen las injerencias en lo que entiende una justa reclamación de UGT y alerta del peligroso precedente que supone aceptar la sospechosa acción llevada a cabo por el Gobierno español.
Hace unos días, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, envió una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que le insta a no interferir en la decisión que debe tomar el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido improcedente en España.
Desde el Ministerio de Bolaños se ha pedido la recusación de Carmen Salcedo, la experta española en el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo Europeo, justo cuando este órgano está dirimiendo si el precio del despido improcedente en España es suficientemente disuasorio.
En su carta a Bolaños, Díaz pide al ministro que retire esa recusación y no interfiera en la decisión que debe tomar el Comité a raíz de la demanda que presentó UGT contra el Gobierno español por considerar que el coste del despido improcedente en España no se ajusta a la Carta Social Europea al ser «asequible y nada disuasivo» para las empresas.
Antes de su designación para el puesto en el Comité Europeo de Derechos Sociales, Carmen Salcedo escribió un artículo en el que afirmaba que el precio del despido en España incumple la normativa europea. Bolaños ha pedido su recusación y Díaz le ha instado a que la retire.
UGT lleva tiempo denunciando que desde el Gobierno, concretamente desde Justicia, se estaban poniendo «palos en el camino» para retrasar la resolución de la demanda interpuesta por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, dijo a mediados del mes de enero que había trasladado a Félix Bolaños su «desagrado» e «incomprensión» por el hecho de que desde el Ministerio se hayan «puesto palos en el camino para intentar retrasar la resolución». «Nos consta que ha sido así, porque tenemos información de primera mano de que ha sido así», aseguró entonces el líder de UGT.
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró ayer que espera que haya una resolución antes de que finalice el mes de marzo y que es optimista, porque «sería sorprendente que la resolución no fuera positiva a la reclamación presentada por el sindicato».
La demanda de UGT contra el Gobierno español se presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en mayo de 2022 y se admitió a trámite en julio de 2023. Mientras otros países que también han denunciado sus legislaciones con demandas similares ya han obtenido su resolución, caso de Italia y Francia, en España se sigue a la espera de conocer la decisión europea.
En su demanda, UGT reclamaba ante el Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tuvieran en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación) al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.
También CCOO presentó una demanda similar ante el Comité Europeo unos meses más tarde, en noviembre de 2022, y también fue admitida a trámite, Para el sindicato de Unai Sordo, España no cumple con la Carta Social Europea respecto a la protección que debe dispensarse a los trabajadores frente al despido improcedente, es decir, sin causa válida.
España es uno de los firmantes de la Carta Social Europea revisada, lo que permite a las organizaciones sindicales presentar reclamaciones en las que se denuncie la aplicación insatisfactoria de la Carta ante el secretario general y el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.
