El pasado martes 30 de enero, el Gobierno autonómico de Aragón dio luz verde, mediante un anteproyecto de ley, a un nuevo impuesto a las plantas de generación de energías renovables que ha levantado ampollas en el sector. A través de este gravamen al viento y el sol, el Ejecutivo aragonés espera ingresar 30 millones de euros extra este 2024 -cifra que podría ampliarse a 50 ‘kilos’ a partir del próximo año- sin efectos colaterales de importancia. La industria ‘verde’, sin embargo, considera que el tributo llega en el peor momento, en mitad del proceso evolutivo del sector, y que será un veneno para el interés inversor.
La cúpula autonómica, integrada por la coalición PP-Vox, justifica el impuesto, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de abril, en la compensación de los quebrantos provocados por las centrales solares y eólicas en la región. El 50% de los ingresos procedentes del gravamen, explican, engrosarán el fondo que el Gobierno tiene previsto crear para luchar contra la despoblación y tomar medidas para mejorar las zonas rurales.
En los parques eólicos, la base imponible será calculada sobre la altura de los aerogeneradores; y en las instalaciones fotovoltaicas se aplicará una cuota sobre la superficie
El consejero aragónes de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, recordó que tasas análogas llevan años vigentes en Galicia, Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde «nadie ha dejado de invertir» y que la cuantía del impuesto «supone muy poco» para los promotores de energías renovables.
En los parques eólicos, la base imponible será calculada sobre la altura de los aerogeneradores; mientras que en las instalaciones fotovoltaicas se aplicará una cuota sobre el número de hectáreas de superficie que ocupe, quedando exento el autoconsumo. El gravamen seguirá siendo exigible aunque las instalaciones hayan sido abandonadas, extinguiéndose la obligación de pagarlo solo cuando hayan sido desmanteladas por completo. Se aplicará una bonificación del 100% el primer año de implantación y del 50% el segundo.
LA INDUSTRIA SE ECHA LAS MANOS A LA CABEZA
Las organizaciones que ejercen la representación de estas industrias no compran el discurso del Ejecutivo aragonés, afirmando que la tasa «amenaza el desarrollo renovable en esta región, poniendo en grave riesgo miles de millones de euros en inversiones y miles de empleos».
En declaraciones a MERCA2, el director general de la UNEF, José Donoso, ha declarado que «el mismo concepto del impuesto es injusto, ya que habla del impacto socioeconómico negativo, cuando no existe tal; no está justificado de ninguna forma». Además, el importe «es elevadísimo, igual o más que lo que se paga por el alquiler del terreno: «1.260 euros por megavatio para plantas de hasta 20 hectáreas; 1.325 euros para plantas de entre 20 y 60; y entre 60 y 100 hectáreas 1.425 euros», en el ámbito fotovoltaico.
«Responde a un afán recaudatorio, ya que si existe un impacto ambiental negativo la planta no es autorizada; no tienen modo de justificarlo» -continúa- «Aumenta la inseguridad jurídica y aumenta el precio de la electricidad en Aragón, así que lo acabará pagando el consumidor».
Respecto al peligro de desinversión, la opinión de Donoso está en sintonía con la del resto de la industria renovable: «Perjudica la competitividad».
Mediante un comunicado, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), las principales asociaciones del sector renovable nacional y de las que forman parte las principales energéticas del país, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa o Acciona, entre otras, denunciaron este impuesto, que llega «en un momento crucial para el desarrollo renovable».
En concreto, la industria renovable mostró su sorpresa por la intención del Gobierno de Aragón de crear un impuesto que «frene» las inversiones en la región, y que afectará a las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas.
APPA Renovables y AEE consideraron que el gravamen, además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, podría «ser contrario al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables», ya que, de acuerdo con la normativa de Bruselas, no se podría justificar un nuevo impuesto que, «en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos».
Así, subrayaron que la creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, «dañaría gravemente la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo innecesariamente los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región».
A finales del año pasado, el Gobierno de Aragón de PP y Vox retomó la tramitación de un anteproyecto de ley -que ya había sido planteado por el anterior Ejecutivo liderado por el PSOE- para la creación de sendos impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos para compensar el daño medioambiental que causen estas instalaciones, por los que espera recaudar 30 millones de euros anuales, a partir de 2024.
EL ENORME POTENCIAL DE ARAGÓN EN RENOVABLES
Aragón pasa por ser una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada y, debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se espera que experimente un gran desarrollo asociado a este impulso a las energías renovables. No obstante, el sector renovable advierte de que la creación de impuestos regionales específicos «puede poner en peligro este impulso».
Además, añadieron que esta amenaza podría afectar también a las decisiones de inversión en otras industrias, debido al efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes, poniendo en riesgo «futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables».
Adicionalmente, destacaron que la norma establece gravámenes a las líneas eléctricas, «algo que afectará al desarrollo renovable y a la necesaria electrificación de la sociedad, privando a particulares y empresas de cambiar sus consumos fósiles por un consumo eléctrico más sostenible y menos contaminante».
Igualmente, estos impuestos, inexistentes en otras regiones de España, amenazan los ambiciosos objetivos de energías renovables de España -el 81% de la electricidad y el 42% de la energía-, marcados para 2030 y supondrán «un perjuicio para las inversiones en Aragón».
