El Gobierno ha iniciado una ronda de contactos con Iberdrola, Cepsa, Repsol, Naturgy y Endesa para unificar posturas de cara a una futura atenuación de la tasa extraordinaria a los beneficios de las energéticas, el polémico ‘impuestazo’.
Según informa el diario Expansión, las reuniones se están centrando en el diseño de herramientas jurídicas que permitan la anulación total o al menos parcial del gravamen, que se ha cobrado un duro precio en los balances de compañías como Endesa o Repsol.
Una de las cuestiones que deben esclarecerse al respecto es si las modificaciones se incluirán en la futura Ley de Presupuestos o si, por el contrario, serán incorporadas a otro cuerpo legal.
UN ‘IMPUESTAZO’ QUE LEVANTA AMPOLLAS
El ‘impuestazo’ a los beneficios extraordinarios del sector de la energía ha sido el eje de un amargo enfrentamiento entre el Ejecutivo y las empresas del ramo, que han visto sus cuentas seriamente mermadas por un tributo inicialmente establecido para hacer frente a unas circunstancias que ya no están vigentes. En un principio, se trataba de una tasa que imponía un gravamen temporal del 1,2 % a los ingresos de las energéticas durante los ejercicios 2022 y 2023, por los beneficios extra que les estaba reportando la escalada de los precios de la energía.
Sin embargo, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no ha mostrado hasta ahora intención alguna de finiquitar el ‘impuestazo’, dando muestras de todo lo contrario. Tras la última reunión del Consejo de Ministros del año, Sánchez confirmó que el gravamen a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas sería prorrogado al menos un año, desprendiéndose de sus palabras que tenía intención de convertirlo en permanente.
Sánchez señaló el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria «que pasará ya a contar con un carácter permanente». El impuesto, dijo, «fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisada», explicó el jefe del Ejecutivo.
LA IRA DE REPSOL
La determinación del Ejecutivo de extender el gravamen más allá de los límites fijados en su concepción ha provocado un fuerte descontento en el sector. Gigantes como Endesa y Repsol han mostrado su indignación ante lo que consideran un abuso fiscal, llegando esta última firma a advertir, a través de su CEO, Josu Jon Imaz, que, de seguir vigente el tributo -calificado de «ilegal e inconstitucional» por Imaz– 1.500 millones en inversiones de Repsol en España estarían en riesgo.
La multinacional incluso se atrevió a poner fecha a este ultimátum: el 22 de febrero de 2024, jornada en la que pondrá negro sobre blanco su plan de inversiones. La ronda de negociaciones que el Ejecutivo ha iniciado con las empresas se produce cuando apenas quedan tres semanas para que expire ese plazo.
YOLANDA DÍAZ, LA NOTA DISCORDANTE
Es previsible que una eventual suavización o reducción del ‘impuestazo’ no siente bien en ciertos sectores del Ejecutivo. A fines de diciembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se manifestó en la dirección opuesta, cargando contra los incentivos fiscales a los gigantes del sector de la energía y anunciando que trabajará para que el Gobierno de coalición «corrija» estos descargos.
Díaz se refería a las modificaciones presupuestarias anunciadas por Sánchez, dirigidas a que las empresas del ramo puedan deducir del ‘impuestazo’ todas aquellas inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo español.
«Lejos de bajarles los impuestos, tienen que ser ellas las que contribuyan a la salida de la crisis en España», aseguró Díaz, agregando que es «absolutamente incomprensible» que tanto las grandes energéticas como las entidades financieras, tengan unos beneficios «absolutamente obscenos».
