El Gobierno planea presentar en marzo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 en el Congreso, pero quiere que sus socios de investidura le garanticen que no presentarán en ni apoyarán ninguna enmienda a la totalidad.
Como la tramitación parlamentaria de las cuentas suele durar en torno a los dos meses y medio, la idea es que el proyecto se remita al Senado en mayo y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio para su entrada en vigor.
En la Comisión de Hacienda, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que ya ha empezado a contactar con los diferentes grupos parlamentarios para que las cuentas estén listas «a la mayor brevedad posible».
PRIMERO HAY QUE APROBAR LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD
De entrada, la presentación de los Presupuestos primero requiere que antes se aprueben de forma definitiva los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicos, un trámite que ya se superó en el Congreso el pasado 10 de enero, gracias a la abstención de Junts, pero que peligra en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
Aunque Hacienda confía en que sus cifras salgan adelante, ya ha avisado de que, en caso de derrota en la Cámara Alta, el Gobierno se acogerá a los objetivos de déficit recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023, lo que se traduce en una menor capacidad de gasto para los territorios.
Lo que sí tiene definido el Ejecutivo es el límite de gasto no financiero de los Presupuestos, conocido como techo de gasto, ya que no se somete a votación. Este techo se eleva hasta los 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Una vez que los Presupuestos se aprueben en el Consejo de Ministros y se remitan al Congreso, habrá que organizar las comparecencias de altos cargos para explicar las cifras de cada departamento y después será el momento en el que los grupos parlamentarios decidan si presentan o no enmiendas de totalidad.
IMPEDIR QUE CAIGAN A LA PRIMERA
Lo que no quiere el Gobierno es que su proyecto caiga derrotado en esa primera votación de totalidad, donde todas las enmiendas se votan a la vez, ya que persiguen el mismo objetivo: devolver el proyecto al Ejecutivo.
De ahí que Hacienda quiera un preacuerdo de todos sus aliados parlamentarios para se comprometan a no presentar enmienda de totalidad y tampoco votar a favor de la devolución del proyecto del Gobierno.
Si se supera el debate de totalidad, se entrará en la fase de negociar acuerdos puntuales para modificar el articulado de la ley y las cifras de inversión, pero ya sin riesgo de que se tumben las cuentas.
