Las negociaciones entre los agentes sociales y el gobierno por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no han llegado a buen puerto para todas las partes implicadas, más concretamente para la Patronal. Los empresarios ofrecieron una subida del 3,5%, mientras que sindicatos y Gobierno reclamaron un 5% como al final ha sido sin tener en cuenta sus demandas y opiniones. Algo que ha enfadado bastante a la Patronal que señala a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, como principal instigadora de este desencuentro.
VISIÓN DE CEPYME
En este sentidos, CEPYME recuerda que la subida del 5% del SMI anunciada el pasado viernes por el Ejecutivo se suma a las continuadas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se han producido desde 2018 y reitera que este incremento impacta de manera especial en las pequeñas y medianas empresas que, por su reducida estructura, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala, tienen menos recursos para asumir este incremento de costes laborales.
Desde esta entidad quieren recordar que una subida del SMI hasta 1.135 euros, en términos netos, alcanzará el 70% del salario medio en las pymes. Una carga que resulta excesiva para estas empresas y conlleva riesgos para su sostenibilidad y para el mantenimiento del empleo que generan.
Para CEPYME hay que remarcar y poner en valor que este incremento del SMI entraña un coste salarial para la empresa hasta un 75% más elevado. El coste salarial mínimo mensual para la empresa puede estar entre los 1.740 euros y los 1.824 euros, dependiendo de la cotización por accidentes de trabajo. Es decir, que el coste salarial efectivo mensual es entre un 67% y un 75% más alto que la cifra del salario mínimo.
También la propia CEPYME recuerda que la subida del salario mínimo ha de ser acorde a las condiciones de la coyuntura, que en estos momentos no son precisamente favorables para las pymes, que deben afrontar el efecto de la inflación en sus suministros y provisiones, además del alza general de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Además, la evolución de la productividad, uno de los factores que según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores deben considerarse a la hora de fijar el salario mínimo, ha tenido una caída del 3,8% desde 2018, coincidiendo con el período de fuertes incrementos del SMI. Esta caída de la productividad contrasta con un incremento medio del 4,6% en los países más avanzados, lo que revela una pérdida de competitividad de nuestro país y un entorno manos favorable para la actividad productiva.
VISIÓN DE LA CEOE
Por su parte, desde la CEOE han querido subrayar que las empresas españolas fueron las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En aquel momento los empresarios avanzaron que era necesario hacer compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial, y por tanto del empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario.
Por este motivo, los propios empresarios explican que estos últimos sectores son ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos, que, entre otras cosas, no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo.
Por este motivo, y según ellos, insisten que la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018 sin revisar el precio de dichos contratos.
Esto se traduce en que muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas.
Desde el principio, y por estas circunstancias, los empresarios señalan que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al compás de los costes –lo que se conoce como indexación—para evitar esta circunstancia o, como está ocurriendo, que muchos contratos públicos empiecen a quedar desiertos ante la incertidumbre generada.
Por otra parte, en ese desencuentro para la CEOE también hay que hablar de la España vaciada y el mundo rural. Allí, la Patronal lamenta que se haya desatendido su petición de bonificar en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI.
Además, también denuncian que los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo mostraron su conformidad con la indexación de los contratos públicos, que, por otro lado, es parte de las peticiones patronales desde hace muchos años y de los compromisos adquiridos por todas las partes también. Sin embargo, no ha sido atendida por su supuesto coste para la ciudadanía, comentan los empresario a la vez que denuncian que «asistimos a incrementos del gasto público derivados de acuerdos meramente políticos».
Para finalizar, la propia Patronal remarca que tras el crecimiento de la economía o los buenos datos del empleo de este año, en gran parte por los esfuerzos de contratación realizados por las empresas, también se ha visto que los indicadores de inversión se están deteriorando en un segundo plano por esa falta de confianza que se percibe, siendo la inversión la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro. Una situación que hace que los empresarios quieran rebajar la euforia del Gobierno por la creación de empleo y en la que puede aparecer la figura de la recesión ante la inflación dominante en el mercado.
