¿Pensaban que Grifols era la única empresa del IBEX-35 en problemas? Piénsenlo otra vez: la compañía de energías renovables Solaria se enfrenta a una triple denuncia penal por fraude de ley, coacciones, estafa y falsedad documental. El proceso lo ha iniciado Izmar Energy System, una subcontrata a la que había encargado la construcción de varias instalaciones solares.
LA DOCUMENTACIÓN
Según la documentación del proceso, a la que ha tenido acceso MERCA2, la pretensión de la empresa contratista es cobrar dos millones de euros que se le adeudan por trabajos realizados para Solaria. Las denuncias, presentadas en los juzgados de Guadalajara, acusan de fraude de ley y estafa a la compañía; a su presidente, Enrique Díaz-Tejeiro, y al director de Proyectos, Raúl Romero.
Izmar, en sus denuncias, afirma que Solaria «falseó deliberadamente» un contrato firmado entre ambas compañías para el desarrollo de una planta fotovoltaica y línea subterránea de media tensión del parque fotovoltaico Telesto solar 4, dentro del complejo Budia Norte de la provincia manchega. La insatisfacción respecto a los encargos realizados por Izmar es la razón por la que Solaria se niega a pagar en los términos acordados, lo que ha llevado a la contratista a exigir el cobro judicialmente.
Sin embargo, al ser interpelada por MERCA2, Solaria negó que existiera denuncia alguna. Al ser informada de que los documentos judiciales obran en poder de MERCA2, la compañía declinó hacer comentario alguno.
PRESUNTO FALSEAMIENTO DE CONTRATO
Fuentes conocedoras del caso consultadas por MERCA2 afirman que, cuando estalló el conflicto, Solaria accedió inicialmente a negociar, pero posteriormente se negó a cualquier conciliación, fiando la suerte del enfrentamiento a los juzgados. Los escritos de acusación detallan múltiples irregularidades por parte de Solaria en el ámbito de los permisos administrativos necesarios para iniciar las obras de las instalaciones fotovoltaicas.
Izmar afirma que Solaria carece de los permisos con los que dice contar, citando específicamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), perentoria para acometer las tareas de construcción, con la que no contaba en el momento de la firma del acuerdo. La subcontrata denuncia que Solaria ocultó intencionadamente que no tenía este documento, falseando el contrato.
IZMAR HA PUESTO LA DISPUTA EN CONOCIMIENTO DE LA CNMV, denunciando «una serie de presuntos delitos por un lado, y por otro, unas prácticas absolutamente maliciosas, temerarias e incluso diseñadas deliberadamente para perjudicar a las subcontratas de SOLARIA»
Según los documentos a los que ha tenido acceso MERCA2, Izmar dirigió una acusación de coacciones contra la propia Solaria, Raúl Romero y el exdirector facultativo y de construcción de Solaria para el complejo Trillo, Jorge Cordero del Val. Estas coacciones estaban presuntamente dirigidas a «impedir la continuación» de la actividad laboral de la subcontrata.
En cuanto a la acusación de fraude de ley, estas mismas fuentes señalan que se debe a una presunta fragmentación de proyectos por parte de Solaria. Esta práctica consiste en dividir un gran proyecto en otros más pequeños, con el fin de acelerar los trámites obteniendo la DIA de la Administración autonómica en lugar del Ministerio de Transición Ecológica, que es el organismo encargado de concederla a todos los proyectos que superen los 50 megavatios (MW) de capacidad. La instalación en la que la energética habría cometido esta falta es Budia Norte, compuesta por 7 plantas fotovoltaicas (Telesto 4 entre ellas) que suman un total de 338 MW. Solaria habría procedido a su fragmentación irregular en unidades inferiores a 50 MW.
LA CNMV TIENE LOS PAPELES EN LA MESA
Todos los puntos de la disputa fueron puestos en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo del pasado año, mediante un escrito que también ha podido ser examinado por MERCA2. En los antecedentes de hecho, la parte denunciante menciona «una serie de indicadores que permiten apreciar una serie de presuntos delitos por un lado, y por otro, unas prácticas absolutamente maliciosas, temerarias e incluso diseñadas deliberadamente para perjudicar a las subcontratas de Solaria».
Entre estas prácticas, según la comunicación, hay todo un rosario de supuestos abusos cometidos por la energética y su directiva: asfixia financiera, contratos leoninos con objetivos imposibles, incumplimientos constantes de acuerdos, impago de facturas, amenazas y denuncias falsas, acciones coercitivas contra el personal de obra de Izmar y modificación y falseamiento de información, entre otros.
Los reclamantes alegan que Solaria «procedió a resolver los contratos alegando incumplimientos con la única intención de dejar impagadas las facturas y el resto de obras acometidas», hasta el punto de que la «ingente» cantidad de perjudicados por sus acciones se ha agrupado en una plataforma de afectados. Por último, se informa a la CNMV de las causas abiertas por el falseamiento contractual y el fraude de ley derivado de la fragmentación de proyectos.
En declaraciones a MERCA2, fuentes internas de Izmar han explicado que las presuntas acciones de Solaria han provocado un profundo quebranto en la empresa, que debido a la deuda insatisfecha ha tenido que «despedir a casi todos los trabajadores y renunciar a la mayoría de proyectos».
UN CONFLICTO QUE ENCHARCA LOS LOGROS DE SOLARIA
Este turbio asunto llega justo después de un fin de año muy positivo para la compañía de energía solar. A mediados de noviembre, presentó unas cuentas con muy pocos ‘peros’: los 86,4 millones de euros que obtuvo de beneficio en los nueve primeros meses de 2023 representan un incremento del 24% con respecto al mismo periodo de 2022. Los ingresos del grupo de renovables en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 172,4 millones de euros, con un crecimiento del 43%, mientras que el beneficio bruto de explotación (EBITDA) se situó en los 153,6 millones de euros, un 41% más.
Además, ha tenido acceso a un jugoso flujo de fondos por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que en septiembre cerró con Solaria un acuerdo marco de financiación por de hasta 1.700 millones de euros, que sufragarán la construcción de unas 120 plantas fotovoltaicas de la compañía. Esta operación supone el proyecto de financiación más ambicioso de la firma presidida por Enrique Díaz-Tejeira hasta la fecha.
