«Competencia ha abierto un expediente a Repsol por una medida dirigida a favorecer a los consumidores». En estos beligerantes términos se expresaban fuentes internas de la compañía, consultadas por MERCA2, sobre la investigación a la que está siendo sometida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo centra sus indagaciones en un presunto «abuso de posición de dominio» cometido por la petrolera en el mercado de los carburantes.
En concreto, la CNMC consideró que la petrolera habría aprovechado su privilegiado estatus dentro del sector de los hidrocarburos en España para llevar a cabo, desde marzo hasta diciembre de 2022, conductas contrarias a la libre competencia. Entre estas prácticas se encuentran los descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago, así como el incremento el precio que terceros competidores -estaciones de servicio independientes- pagan a la compañía por adquirir el combustible en el mercado mayorista.
COMPETENCIA CENTRA SUS PESQUISAS EN UN PRESUNTO «ABUSO DE POSICIÓN DE DOMINIO» COMETIDO POR LA PETROLERA, A TRAVÉS DE DESCUENTOS A SUS CLIENTES EN SUS ESTACIONES Y AUMENTOS EN EL PRECIO DE SU CARBURANTE EN EL MERCADO MAYORISTA
El organismo presidido por Cani Fernández circunscribe la investigación a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Repsol Directo, Repsol Customer Centric, Solred, Campsa Estaciones de Servicio y Repsol, como grupo que está presente en toda la cadena de valor del proceso de producción y comercialización de combustibles para la automoción.
Así, Competencia estimó que, dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, estas conductas habrían supuesto una estrategia «exclusionaria» frente a terceros competidores -estaciones de servicio independientes-. Además, el organismo añadió que estas conductas habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista.
En su comunicado, la CNMC advirtió que estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). No obstante, la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, a la par que se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.
ANTECEDENTES: LAS ESTACIONES INDEPENDIENTES CONTRA REPSOL
Esta investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos, por prácticas contrarias a los artículos 2 de la LDC y 102 TFUE.
Ante la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC abrió una información reservada (artículo 49.2 de la LDC) y llevó a cabo una inspección domiciliaria en la sede de Repsol.
Y es que en diciembre del año pasado, la CNMC ya procedió al registro de las sedes de la propia Repsol, así como de las dos otras grandes petroleras del país -Cepsa y BP-. Sin embargo, el expediente anunciado ahora ya no es colectivo y solamente afecta y se centra en Repsol, empresa que se ha mostrado especialmente beligerante contra una posible continuidad del impuesto especial a las energéticas del Gobierno.
LA PETROLERA NIEGA LA MAYOR
Las fuentes de Repsol consultadas por MERCA2 se oponen firmemente al expediente abierto, declarando que la compañía «no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia».
«Repsol ha hecho un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra de Ucrania, con más de 500 millones de euros destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España», recuerdan.
