El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha convocado para este lunes un comité ejecutivo «extraordinario y de urgencia» para «abordar la situación de España» y ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial» tras los pactos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La reunión del comité, que tendrá lugar a partir de las 16.00 horas, según fuentes de la patronal consultadas, fue anunciada el pasado jueves, 9 de noviembre, tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el marco de la investidura de Sánchez.
Además de la amnistía y de la intención de Junts de convocar un referéndum de autodeterminación, el acuerdo suscrito por el PSOE y el partido de Carles Puigdemont establece se apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo «singular» sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre esa comunidad.
En este sentido, Junts planteará «de entrada» una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para establecer una «cláusula de excepción» de Cataluña que reconozca la «singularidad» en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del «100%» de todos los tributos que se pagan en Cataluña.
Además, el acuerdo con Junts contempla que se abogará por un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.
La patronal convocó el comité extraordinario antes de las manifestaciones masivas de este domingo en contra de la amnistía y del acuerdo que alcanzó el pasado viernes el PSOE con el PNV.
En dicho acuerdo ambas formaciones han pactado la reforma del Estatuto de los Trabajadores en el plazo de seis meses para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales es una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos. De hecho, la no inclusión de esta modificación en el Estatuto de los Trabajadores provocó el voto en contra del PNV a la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Los vascos han aprovechado ahora las negociaciones con los socialistas, que necesitan los cinco votos del PNV para investir a Sánchez, para introducir esta prevalencia o prelación en un plazo de medio año. La reforma se introduciría mediante la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la concurrencia de los convenios.
Asimismo, el acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez garantiza el «traspaso efectivo» al País Vasco en el plazo máximo de dos años de todas las transferencias pendientes incluidas en el Estatuto de Gernika y abrir la puerta a hablar del «reconocimiento nacional» de Euskadi y la «salvaguarda» de sus competencias.
El acuerdo contempla además reivindicaciones «históricas» del PNV como el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a País Vasco.
