La agencia de calificación S&P Global Ratings ha afirmado este martes que la condonación de parte de la deuda que la Generalitat de Catalunya tiene con el Estado no afectará al ‘rating’ actual de España (A/Estable/A-1) ya que este contempla los pasivos de las comunidades autónomas, por lo que su mera asunción por el Gobierno central no implica un mayor endeudamiento a nivel macro.
S&P ha alertado, no obstante, de que la condonación solo abordaría los desequilibrios fiscales pasados y, en ausencia de reformas estructurales del sistema de financiación, provocaría únicamente un «alivio temporal» para las administraciones afectadas, en caso de extenderse a más comunidades, dada la menor carga de la deuda ‘per se’ y por intereses.
Asimismo, la agencia también ha apuntado al llamado «riesgo moral», ya que saldrían comparativamente más beneficiadas las regiones con un mayor endeudamiento frente a las que cuentan con una situación más saneada.
Por otra parte, el aumento de la deuda como consecuencia del ciclo económico se incluye en el acuerdo para Cataluña, pero no incluye todos los detalles sobre el cálculo subyacente, ni cómo se calcularía el apoyo al resto de regiones. En consecuencia, S&P «todavía no puede evaluar con precisión el impacto que tendría en cada entidad calificada a nivel individual».
CONTEXTO
El 2 de noviembre de 2023, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció un acuerdo con Esquerra Republicana, que ostenta la presidencia de Cataluña, para absorber 15.000 millones de euros de deuda que esta tiene con el Gobierno central (o el 17,3% de la deuda total de Cataluña a junio de 2023).
Tal y como recoge S&P, la absorción de esta deuda forma parte de las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones generales de julio.
Sin embargo, la agencia recuerda que, por ahora, el acuerdo es solo entre los dos partidos políticos y, como tal, «no tiene implicaciones financieras inmediatas», pues su aprobación depende del nombramiento de un nuevo gobierno liderado por el PSOE y de su posterior intención de aplicarlo.
El pacto prevé la ampliación del alivio de la deuda a otras regiones de régimen común e incluye la posibilidad de transferir recursos para cancelar la deuda contraída con terceros, distintos del Estado.
«En nuestra opinión, es probable que esta disposición se haya concebido para tener en cuenta las grandes asimetrías existentes tanto en la carga de la deuda como en el perfil de la misma entre las regiones, algunas de las cuales no tienen ninguna deuda pendiente con el gobierno central», ha indicado S&P.
