Saudi Telecom (STC) no tiene prisa en presentar la petición oficial al Gobierno de España para poder hacer efectivo su paquete de acciones hasta el 9,9% de Telefónica. Está preparando la documentación necesaria para ello, pero la Ley no establece ningún plazo para realizar la petición. Tras esta, el Ejecutivo, en cambio, sí tendría un límite de tres meses para tomar una decisión. El fondo soberano saudí va a su ritmo, y lo relaciona con la necesidad de preparar la documentación y no con que el Gobierno esté en funciones, o bien con el atribulado momento que vive el sector de las telecos en España.
Tampoco se muestran afectados por las informaciones que apuntan a las supuestas condiciones que el Ejecutivo impondría al fondo para convertirse en los mayores accionistas de la compañía española. Según ha podido saber MERCA2, desde la oficina de la ministra de Economía, Nadia Calviño, esas condiciones no se han planteado. En este punto, las fuentes consultadas apuntan al otro «ala» del Gobierno, en concreto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contraria desde el primer momento a la entrada saudí en Telefónica con el porcentaje al que quieren llegar, como el origen de la filtración sobre las líneas rojas para que STC roce el 10% del accionariado de la teleco que preside José María Álvarez-Pallete.
LÍMITES QUE PONE EL GOBIERNO
Según informó la agencia ‘Bloomberg’, el «Gobierno», sin especificar si todo o una parte, estudia como posibles objeciones a STC para que haga efectivo la totalidad de su paquete de acciones, el respaldo a ciertas políticas corporativas, que incluirían las inversiones en proyectos importantes para España, el mantenimiento de la sede de la emblemática de la teleco en el país, la prudencia en la política del pago de dividendos y un ratio de grado de inversión. Por supuesto, cualquier propuesta para aumentar el grado de privatización de la empresa debería ser de facto rechazada por los saudíes.
Las acciones cerraron en torno a 3,87 euros por título, esto supone que su valor en bolsa es de 22.254 millones de euros y su dividendo de 2023 será de 0,33 euros por acción. Para el año que viene se estima que pagará 0,36 euros por acción, lo que puede suponer un desembolso de más de 1.700 millones de euros.
Las condiciones tienen mucho parecido con las que se aplicaron ya en 2021 cuando el fondo australiano IFM Global Infrastructure compró el 23% de Naturgy Energy Group, que pedían limitar el reparto de dividendos a los accionistas y atender al plan estratégico de Naturgy para apoyar las medidas del Gobierno destinadas a bajar la factura de la luz en aquel momento.
En este sentido, hay que tener en cuenta la importancia estratégica de Telefónica, que lidera trascendentales proyectos relacionados con la transformación digital de el territorio nacional y en relación a los intereses del Estado; la compañía tiene contratos con la administración de la Defensa Española que superan los 150 millones de euros, muchos relacionados con la expansión del 5G, una tecnología vital para el desarrollo de operaciones militares en la actualidad y en el futuro.
STC NO TIENE PLAZOS NI PRISA
La petición que el fondo soberano saudí debe realizar ante las instancias gubernamentales contiene documentos muy detallados que todavía están en pleno periodo de preparación, según revelan a MERCA2 fuentes del entorno saudí. La documentación no tiene por qué estar preparada de inmediato, justo después del anuncio realizado ante la CNMV, porque no existe ningún plazo o límite establecido para ello. Una vez presentada ante el Gobierno la notificación oficial saudí, que se debe producir justo cuando quieran convertir en acciones el 5% que tienen en derivados, quien sí tiene un plazo de tres meses para plantear las condiciones es el Gobierno, tal y como establece la legislación vigente.
la petición que el fondo soberano saudí debe realizar ante las instancias gubernamentales contiene documentos muy detallados que todavía están en pleno periodo de preparación
Este compás de espera no deja de generar incertidumbre en torno al futuro de Telefónica, y en conjunto del mercado de las telecos españolas, de por sí convulso ante la ya retrasada decisión de la Comisión de la Competencia de la UE sobre las condiciones de la fusión propuesta entre Orange y MásMóvil, y el reciente anuncio de la intención de compra del fondo inglés Zegona de Vodafone España. No parece que ningún pescador gane en este río revuelto.
Así es como lo están viendo analistas como Juan Peña, de GVC Gaesco, quien indica que, «el proceso de aprobación de la toma de control del 9.9% por parte de STC se prevé largo por el elevado peso de la regulación en dicho proceso. Adicionalmente, la situación de mercado actualmente en España es de alta incertidumbre, lo cual no ayuda a la cotización». Las mismas fuentes cercanas al fondo soberano de Arabia Saudí mantienen su convicción de que van a obtener la aprobación del Gobierno.
PALLETE TRANQUILIZA AL CONSEJO
En relación a esta operación, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha tranquilizado a los principales accionistas (Caixabank, BBVA y el fondo Blackrock) sobre las intenciones “amistosas” del grupo saudí, que le ha trasladado que no interferirá en la gestión de la compañía, según fuentes conocedoras de la reunión del consejo de administración de la teleco citadas por el diario ‘El País’.
La intención de STC es solicitar el plácet al Gobierno de España para hacer efectiva la compra del 5% del capital que mantiene aparcado en instrumentos financieros y, junto con el 4,9% que ya detenta oficialmente, consolidar su posición como primer accionista de la operadora española. Solo cuando cuente con ese permiso oficial, la compañía saudí pedirá un puesto en el consejo, aunque ha reiterado su apoyo al actual equipo gestor, según las fuentes que cita ‘El País’.
