La luz es un bien esencial para todos, luego cuando su precio escala, la sociedad sufre, especialmente los más vulnerables. El sentido del bono social eléctrico es mitigar el impacto del alto coste de este recurso; es decir, se trata de una medida de equidad social. Los datos, sin embargo, revelan que el acceso dista de ser ecuánime: las familias numerosas que se benefician del descuento del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez más que triplican a los pensionistas acogidos al mismo.
Así lo revelan los datos hechos públicos el 18 de septiembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que cifran en 376.120 los hogares ‘sobrepoblados’ que tienen el bono, frente sólo 106.613 jubilados. El primer colectivo ha aumentado un 6,9% en un año, mientras que el segundo ha caído un 11%. Esta disparidad se debe, fundamentalmente, a los requisitos personales, familiares y de renta fijados en la normativa para recibir la ayuda.
UNA AYUDA SOCIAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
El bono social es un descuento que se aplica sobre el PVPC (Precio Voluntario para el pequeño consumidor), a un límite máximo de energía en el periodo de facturación, dentro del sistema de tarifa regulada. El sentido de esta disposición es proteger a determinados colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables; en otras palabras, combatir la pobreza energética.
El Real Decreto 897/2017, reforzado por el Real Decreto-ley 18/2022, establece diferentes niveles de vulnerabilidad: consumidor vulnerable (25% de descuento y excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2023 el descuento es del 65%); consumidor vulnerable severo (40% de descuento; hasta el 31 de diciembre del 80%); y consumidor en riesgo de exclusión social, que no tiene que hacer frente a la factura eléctrica.
«Un futbolista millonario con tres hijos sería considerado consumidor vulnerable por la normativa, pero no un jubilado que cobra el mínimo y tiene un pequeño fondo de pensiones»
Gabriela Camayd, abogada y miembro del equipo jurídico de FACUA
Para que un pensionista esté considerado dentro del nivel más bajo de vulnerabilidad, tiene que estar percibiendo la cuantía mínima por jubilación o incapacidad permanente; además, debe carecer de cualquier otro tipo de ingreso cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros. Por el contrario, una unidad familiar sólo tiene que presentar el título de familia numerosa para entrar en esa categoría, para lo que basta con que el hogar esté integrado por uno o dos ascendientes con vínculo conyugal y tres o más hijos, sean o no comunes.
MERCA2 se ha puesto en contacto con Gabriela Camayd, del equipo jurídico de FACUA, que sintetiza el problema tirando de hipótesis: «Un futbolista millonario con tres hijos sería considerado consumidor vulnerable por la normativa, pero no un jubilado que cobra el mínimo y tiene un pequeño fondo de pensiones».
NO ES BONO ELÉCTRICO PARA VIEJOS
Camayd remarca la abismal distancia entre los usuarios de pensión mínima en España (2,5 millones, según los registros de la Seguridad Social) y los menos de 110.000 jubilados que reciben la ayuda gubernamental para hacer frente a la tarifa eléctrica. «No está diseñado para beneficiar a todas las personas que se encuentran en una situación precaria; muchos se quedan fuera».
«Hay que tener en cuenta, además, que mucha gente se pasó al mercado eléctrico libre cuando los precios empezaron a subir, lo que también les excluye», agrega, refiriéndose a la imposibilidad de aspirar al bono social para todos aquellos consumidores que no estén dentro del mercado regulado de electricidad.
LOS CONSUMIDORES QUE RECIBAN EL SUMINISTRO DEL MERCADO LIBRE DE ELECTRICIDAD NO PUEDEN ACCEDER AL BONO SOCIAL
En España, el sector eléctrico -como tantos otros- fue liberalizado progresivamente a partir de 1997, con la promulgación de Ley del Sector Eléctrico. La regulación mantuvo el transporte y la distribución de energía eléctrica como actividades en monopolio reguladas por el Gobierno; pero no las actividades de generación y la comercialización, que se abrieron a la libre competencia. Desde entonces, existe una dualidad en el sistema: por un lado, el mercado regulado, con un precio que cambia por horas y días; y por otro el mercado libre, cuya tarifa es fijada por cada empresa comercializadora.
La experta hace un llamamiento al Ejecutivo para que efectúe cuantos remiendos legales sean necesarios para remediar lo que es, a todas luces, un factor de desigualdad y discriminación en el criterio para conceder el bono social eléctrico.
«Lo primero es atender a los informes que emite la Seguridad Social sobre el promedio de ingresos de los pensionistas en nuestro país» -reivindica- «De este modo, se contará con las bases estadísticas adecuadas para adaptar la ayuda a quienes tengan dificultades económicas«.
Una exhortación, la de legislar sobre el cimiento de la realidad económica, que hace extensiva a las familias numerosas: «Con ellas también hay que mirar los datos, por supuesto; hay que modificar la normativa para que los hogares de tres hijos o más también tengan que acreditar una situación precaria».
LA COYUNTURA QUE VIVIMOS: LA LUZ, POR LAS NUBES
Los precios eléctricos vivieron un agosto convulso y, en general, la carestía ha persistido en lo que llevamos de septiembre. Excluyendo breves respiros -casi siempre los domingos-, durante las últimas tres semanas las tarifas se han mantenido al norte de los 100€ MW/h, la considerada ‘barrera psicológica’ de la carestía eléctrica.
El panorama prácticamente replica la senda que emprendió el suministro en agosto: el precio de la luz en el octavo mes del año bordeó, por arriba o por abajo, los 100 euros, registrando un promedio de 96,04 euros/MWh, coste muy por debajo de los 154,89 euros/MWh que registró en agosto de 2022 el ‘pool’; pero que, en cualquier caso, confirmaba agosto como el mes más caro desde febrero.
