El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha estimado en 800.000 millones de euros la inversión necesaria hasta 2050 para cumplir los objetivos que se ha marcado la UE en materia de producción de energía renovable marina, también llamada energía ‘azul’. Esa energía, según las estimaciones del organismo, provendría principalmente del sector privado y podría tener serias consecuencias medioambientales que no han sido adecuadamente calibradas.
En un nuevo informe publicado este lunes 18 de septiembre, los auditores han alertado de que la UE sigue fijando unas metas «ambiciosas», con 61 gigavatios (GW) de capacidad instalada para 2030 y 340 GW en 2050, frente a los 16 GW que existen actualmente, un despliegue rápido y a gran escala de las instalaciones eólicas marinas que exigirá, además, un «vasto espacio marítimo».
Los auditores temen también que la expansión de la energía renovable marina resulte perjudicial para el medio ambiente, porque la Comisión Europea, a pesar de sus esfuerzos por reconciliarla con la biodiversidad, «no ha evaluado su impacto y consecuencias».
«LA REVOLUCIÓN AZUL DE LA UE NO DEBERÍA EMPRENDERSE AL PRECIO DE UN GRAVE DAÑO SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL»
Nikolaos Milionis, Tribunal de Cuentas de la UE
«La invasión rusa de Ucrania ha resaltado la importancia de la independencia energética de la UE, y nuestros mares pueden ser una parte de la solución», ha reconocido el auditor responsable del informe, Nikolaos Milionis, que ha advertido de que «esta revolución azul de la UE no debería emprenderse a cualquier precio: las renovables marinas no deben dar lugar a un grave daño social o medioambiental».
El informe indica que las renovables marinas «rara vez conviven con otras actividades» y recuerda que, en particular, los conflictos con el sector pesquero «siguen en gran medida sin resolverse», lo que hace «resurgir» una oposición a la energía renovable marina cuando se evalúan proyectos.
Además, los auditores han apuntado que los países de la UE con aguas compartidas «apenas planifican proyectos conjuntos, desaprovechando la oportunidad de hacer un uso más eficiente del escaso espacio marítimo», mientras que las implicaciones socioeconómicas del desarrollo de las energías renovables marinas tampoco se han estudiado con la suficiente profundidad.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido de que los riesgos al suministro de materias primas fundamentales pueden provocar la desaceleración del despliegue de la energía renovable marina en Europa ya que, actualmente, casi todos los materiales han sido suministrados por China, país que también desempeña un papel crucial en la fabricación de imanes permanentes para los generadores de turbina eólica.
En la UE, la dependencia de las materias primas puede generar cuellos de botella, y los auditores han manifestado su «preocupación» por la seguridad del suministro en el contexto actual de tensiones geopolíticas, mientras que los largos procedimientos nacionales para la concesión de permisos son un «obstáculo añadido». Por ejemplo, Francia tiene uno de los plazos más largos en Europa para aprobar instalaciones eólicas marinas, que puede prolongarse hasta once años.
UN INFORME PREVIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UE CUESTIONÓ QUE LAS ACCIONES PARA ALCANZAR EL 55% DE REDUCCIÓN DE EMISIONES SEAN SUFICIENTES
Hasta la fecha, se han destinado 2.300 millones de euros del presupuesto comunitario a las tecnologías renovables marinas desde 2007, mientras que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por su parte, ha proporcionado préstamos e inversiones en capital por valor de 14.400 millones de euros.
Así, si se tienen en cuenta las capacidades generadoras y la inversión de la UE en la energía renovable marítima hasta la actualidad, los auditores han indicado que es posible que no alcance sus «ambiciosos» objetivos, además de que será necesario realizar un esfuerzo «bastante mayor» para que la energía renovable marina sea sostenible desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.
Esta no es la primera vez que los auditores advierten del riesgo de que la UE incumpla sus propias metas, pues un informe previo presentado en junio ya apuntaba que el objetivo de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a los niveles de 1990 está en riesgo después de haber hallado «pocos indicios» de que las acciones emprendidas para lograrlo sean suficientes.
INFORME DE LA COMISIÓN
En la misma línea, el informe sobre prospectiva estratégica de 2023 que la Comisión Europea publicó en julio ya calculaba que serán necesarios más de 620.000 millones de euros al año en inversiones adicionales para cumplir con los objetivos climáticos del Pacto Verde y de la transición energética que quiere llevar a cabo la UE, una suma que quieren que llegue también, en su mayor parte, de financiación privada.
Además, el informe del Ejecutivo comunitario estimaba que se necesitarán 92.000 millones de euros adicionales para abordar los objetivos de la ley para una industria de cero emisiones netas entre 2023 y 2030.
Aunque aún se desconocen todos los costes y consecuencias de la crisis del clima y la biodiversidad, el informe también recordaba que la UE ya tiene previsto gastar 578.000 millones de euros -al menos el 30% de su presupuesto- en medidas relacionadas con el clima para el periodo 2021-2027.
La Comisión presentó el informe con el ánimo de alimentar el debate de los dirigentes en el Consejo Europeo informal que se celebrará en Granada los próximos 4 y 5 de octubre, en el marco de la presidencia española del Consejo.
