El pasado 26 de agosto de 2022 entró en vigor la nueva Ley Concursal, con lo cual ley lleva en vigor más de un año la reforma ha tenido un gran impacto en el sistema económico y legal por el gran aumento del número de concursos declarados, prácticamente el doble que en el mismo período que en el año anterior. Sin embargo, si se analiza en detalle la tipología de ese aumento de los concursos, este proviene fundamentalmente de los concursos declarados de las personas físicas, según destaca la Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC).
UN AÑO DE LA LEY CONCURSAL
Para el presidente de ASPAC, Diego Comendador, “el número de concursos de empresas ha descendido, pero el aumento de las personas físicas que han solicitado concurso es exponencial. Lo que resulta más preocupante es que la mayor parte de esos concursos se han presentado bajo la nueva regulación de los concursos sin masa. Este tipo de concursos ha aumentado más de un mil por ciento.
Comendador, añade que «la Segunda Oportunidad no puede ser un mecanismo legal para favorecer un endeudamiento irresponsable. En opinión de ASPAC se debe regular de otra manera este tipo de concursos para evitar situaciones de abuso y de utilización de la Ley Concursal para algo distinto para lo que fue concebida. Por ejemplo, que un experto en insolvencias pueda analizar previamente las causas que han provocado el endeudamiento, para conocimiento del juez del procedimiento”.
DESARROLLO DEL ESTATUTO
Asimismo, ASPAC cree que la Ley Concursal ha presentado avances significativos para el sector de la insolvencia, pero todavía se hacen necesarios múltiples desarrollos reglamentarios que son clave, como una plataforma, unos formularios y, sobre todo, el desarrollo reglamentario de un Estatuto que regule la Administración Concursal, entre otros. Los administradores concursales llevan reivindicando este Estatuto desde 2014 y consideran que es fundamental para mejorar sensiblemente los procesos de insolvencia, y mejorar la eficiencia de los procedimientos.
ASPAC ha propuesto un control del acceso a la profesión más restrictivo que favorezca la preparación, puesto que el número de administradores en España no se corresponde con la realidad del número de concursos que tienen lugar cada año. Esto implica que al final en algunos casos no sean los profesionales mejor capacitados los que atienden los casos de insolvencia, lo cual puede repercutir gravemente en la eficacia de los procesos. De este modo, pide cambios en la Ley Concursal.
ASPAC ha propuesto un control del acceso a la profesión más restrictivo que favorezca la preparación
Para Comendador “si se elabora un marco regulatorio para el sistema de la insolvencia no puede abandonarse a sus profesionales. De ahí la necesidad de este Estatuto, que conllevaría profesionalizar la Administración Concursal y que los expertos del sector cuenten con un marco y unos criterios por los que regirse, generando un sistema más sólido para salvar empresas viables y dar una segunda oportunidad real a las personas”.
ASPAC EN DETALLE
La Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuraciones e Insolvencia (ASPAC) es el colectivo referente que agrupa a los profesionales del sector de la insolvencia en España. La Asociación reúne a casi 200 expertos profesionales de todo el país que desempeñan su labor en el campo de la insolvencia, gestionando algunos de los principales procedimientos nacionales. Su misión principal es el ejercicio constante de representación de los profesionales de la insolvencia, con el fin de defender los intereses del sector, así como buscar soluciones a la insolvencia.
«Esto se traduce en contribuir a salvar empresas viables de la quiebra, así como personas físicas. En este sentido, es el deber de la asociación defender los intereses de deudores y acreedores, al igual que los del resto de implicados en los procedimientos de insolvencia», señalan.
ASPAC es el primer organismo que ha desarrollado un Código de Buenas Prácticas en el campo de la insolvencia
ASPAC es el primer organismo que ha desarrollado un Código de Buenas Prácticas en el campo de la insolvencia y es socia fundadora de la European Association of Insolvency Practitioners’ Organizations (EIP), el órgano más representativo de los profesionales de la insolvencia en Europa. La EIP está formada por 14 asociaciones de 12 países comunitarios, agrupando a un total de 4.500 profesionales del sector en Europa.
