La importante sequía que ha ido encadenando España durante los últimos meses está teniendo una incidencia negativa en la agricultura por falta de agua para los cultivos de secano y por las limitaciones, o incluso prohibiciones, de riego para los cultivos de regadío. Los sectores que más se han visto afectados han sido los sectores de frutas y hortalizas y vitivinícola que constituyen un elemento esencial tanto en la actividad agraria nacional como en la provisión de bienes públicos en el medio rural, y su regulación viene fuertemente afectada por la normativa europea en la materia.
Según un estudio de Ranstad, los contratos en la agricultura caen un 26,9% hasta julio y marcan un mínimo desde 2013. El sector de la agricultura española generó 1.002.867 contratos hasta julio de 2023, suponiendo un 26,9% menos en los siete primeros meses de 2022, y la segunda cifra más baja del periodo estudiado, que solo fue superada por los 978.000 contratos de 2013.
LOS CONTRATOS EN LA AGRICULTURA
Un sector que se ha visto ahogado a nivel económico por la sequía y por las nulas ayudas del Gobierno a la agricultura española. Si no hay agua y no cuentan con recursos estos agricultores se exponen a cultivar y no poder regar, así pueden perder todo el cultivo o quedarse con una cosecha considerablemente reducida. Que muchos agricultores no puedan cultivar es sinónimo de que no puedan contratar mano de obra para realizar un trabajo que en esta situación no hace falta más gente en el campo.
La reducción del número total de contratos no supone una destrucción de empleo, sino que es debida a la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa. Es decir, en cuanto a la tipología de los contratos firmados entre enero y julio de este año, el 52% corresponden a contratos indefinidos y el 48% a contratos de duración determinada. Una cifra que contrarresta con datos del mismo periodo de 2022, cuando los contratos indefinidos suponían el 28%, mientras que los temporales acaparaban el 72%.
La afiliación en la Seguridad Social sigue estable. Se reduce el volumen de contratos, influenciado por la reforma laboral y la irrupción de la figura del fijo discontinuo. La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de la agricultura se mantuvo estable en el último año, situándose entre los 335.000 y los 345.000 afiliados.
Gracias al estudio presentado por Ranstad podemos saber la firma de contratos en el sector de la agricultura por comunidades autónomas. Andalucía fue la comunidad con mayor volumen de contratación en agricultura, con el 48,5% del total que se firmaron en todo el país hasta julio, es decir, con 486.057 firmas. Seguida de la Región de Murcia (167.527), Extremadura (71.839), Castilla-La Mancha (68.815), Comunidad Valenciana (56.189), Aragón (38.934), Cataluña (36.856), Castilla y León (21.367), Galicia (12.9911), y La Rioja (11.839).
Sin embargo, si se tiene en cuenta la variación con respecto a los primeros siete meses de 2022, Aragón (+13,5%) y Cataluña (+1,4%) fueron las únicas comunidades en experimentar crecimientos en sus volúmenes de contratación, mientras que los mayores descensos se dieron en la Comunidad Valenciana (-40,7%), Extremadura (-33,7%) y Andalucía (-31,1%).
LOS PROBLEMAS QUE PERSISTEN EN EL CAMPO ESPAÑOL
El sector de la agricultura española se siente abandonado y con bastantes dificultades para realizar su labor. El clima adverso es cada vez más notorio en la agricultura española, con meses de sequía que secaban toda la cosecha y lluvias intensas con la falta actual de capacidad del suelo para absorber tan cantidad de agua que provocan inundaciones que dejan a los productores sin cosecha.
La despoblación tampoco pasa desapercibida en estos casos ya que cada vez hay más habitantes que abandonan el campo para mudarse a la ciudad. Detrás de esta actividad están los agricultores y ganaderos. Si dicha actividad deja de ser rentable, los actuales agricultores dejarán de trabajar y los jóvenes no se sentirán atraídos por el sector. Esto significa un declive en la agricultura y en consecuencia en el entorno socioeconómico y ambiental de las zonas rurales.
Desgraciadamente, nos encontramos en un momento en el que se encienden las alarmas en dicho sentido y, por tanto, se deben arbitrar adecuadamente las medidas que frenen este importante problema cuyas repercusiones no solo afecta a la población rural, sino también de forma directa a las zonas urbanas.
Los bajos sueldos no ayudan a que la ciudadanía quiera sumarse a trabajar en el campo ya que se encuentran con sueldos bajos que se pagan por un trabajo muy duro y exigente. Y el último punto que es una lucha constante entre el sector de la agricultura y el Gobierno es que antes de que un producto llegue a las manos de los consumidores hay varios intermediarios, los cuales conforman el precio final del alimento. Lo que un cliente paga en un supermercado por un kilo de tomates, por ejemplo, en Carrefour 1,85 euros, al agricultor le están pagando céntimos.
Y es que un productor no puede decir ‘voy a esperar al siguiente comprador para ver si me sube la oferta’, porque el producto es perecible, tiene un tiempo en el cual se puede malograr, entonces es por necesidad que lo vende al precio que le paga el primero que llega.
