El sector financiero es un chivo expiatorio habitual en muchos ámbitos, sin embargo, en la campaña electoral no se ha hecho mucho énfasis en la banca, salvo alusiones puntuales. El olvido de la banca por parte de los partidos viene sobre todo por parte del Partido Popular, en cuyo programa electoral no hay ni una sola alusión al sector financiero, ni para bien ni para mal. En el del PSOE se pasa de puntillas, si bien se hace alusión a la apuesta por crear la Autoridad para la Defensa del Cliente Financiero. Llama la atención que en ninguno de los dos grandes partidos se haga mención al futuro de la presencia del Estado en el capital de Caixabank. Tampoco la mencionan Sumar en su programa, que sí incluye muchas cuestiones relacionadas con el sector financiero, algo que no sucede con el programa de Vox, para quien la banca no existe, al menos en su programa electoral.
PSOE, PP, SUMAR Y VOX: NI UNA PALABRA SOBRE CAIXABANK
Ni una palabra sobre la presencia del Estado en el capital de Caixabank. PSOE, PP, Sumar y Vox no tienen nada que decir a la ciudadanía sobre esta cuestión, al menos si se mira lo que dicen, en este caso lo que no dicen, en sus respectivos programas electorales. Por ahora, el Estado seguirá en Caixabank, en su capital, y con un sillón en el consejo de administración por medio del FROB, la Autoridad de Resolución Ejecutiva. Lo estará al menos hasta 2025, pues prorrogó su presencia en Caixabank. La famosa idea que circuló de que Bruselas obligaba al Estado a salir de Caixabank se ha quedado en nada, algo que anticiparon fuentes del Gobierno y del sector a MERCA2 hace más de un año.
El Estado, por medio del FROB, tiene una participación del 16,1% en el capital de Caixabank y la buena marcha del banco en cuanto a resultados –también va bien en bolsa- le asegura un jugoso pastel en forma de ingresos por dividendo. Ahora bien, hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que se supone que el Estado tiene que salir algún día del capital del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri; la segunda es que a lomos de la subida de los tipos de interés, los beneficios del banco crecen y, con ello, aumenta lo que recibe el Estado, por medio de los dividendos que llegan FROB al ser accionista de la entidad.
El Estado inyectó 22.000 millones para rescatar Bankia, de los más de 58.000 millones con los que reflotó el sector financiero gracias al rescate de Bruselas. Del dinero dedicado a Bankia, el FROB calculaba que solo podrá recuperar unos 6.000 millones, sumando el valor de la acción, los 1.400 millones cobrados en dividendos y los 2.100 millones por las ventas de acciones, según publicó ‘Cinco Días’.
El Estado inyectó 22.000 millones para rescatar Bankia, entidad que fue absorbida posteriormente por Caixabank
El Gobierno tiene margen de maniobra. Mientras las perspectivas del banco sean buenas, pero no tenga un precio en bolsa que haga que el Estado entienda que resulta mejor vender que permanecer en el capital, el FROB seguirá en el capital de Caixabank.
El Gobierno ya ha prorrogado su permanencia en CaixaBank anteriormente y el nuevo Ejecutivo, sea el que forme Sánchez o el que forme Feijoo, no tiene que mover ficha hasta 2025. Según fuentes conocedoras de los entresijos relacionados con este tema, la cuestión del tiempo permanencia del Estado en el capital del banco no tiene que ver con Bruselas, sino que es un «asunto del Gobierno». Este proceso debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición, pero se ha ido extendiendo. «Lo del tiempo para salir del capital es algo que se autoimpuso el Gobierno de Mariano Rajoy», recalcan fuentes financieras. Luego este tiempo se ha ido alargando.
El Gobierno ya ha prorrogado su permanencia en CaixaBank anteriormente y el nuevo Ejecutivo, sea el que forme Sánchez o el que forme Feijoo, no tiene que mover ficha hasta 2025
Según fuentes financieras, “el FROB tiene un mandato claro de desinversión de su participación en CaixaBank, pero también tiene como objetivo maximizar la recuperación de ayudas públicas, por lo que no hay prisa en vender”. “El momento de desinvertir será aquel en el que se considere que se dan las condiciones óptimas para cumplir con este objetivo, teniendo en cuenta no solo el precio de la acción, sino también las previsiones sobre su evolución, la valoración relativa, la volatilidad del mercado o la capacidad de absorción de la demanda. En la actualidad, la fecha límite para la desinversión es diciembre de 2025, con posibilidad de ampliación, como ya se ha hecho con anterioridad, por parte del Consejo de Ministros”, indicaron fuentes financieras consultadas por MERCA2.
LA GRAN INCÓGNITA
El Gobierno ya ha ampliado varias veces el tiempo de permanencia en el accionariado de Caixabank y esta es la gran incógnita que se cierne sobre el Ejecutivo español. Qué piensa hacer al respecto si hay cambio de inquilino en La Moncloa. El presidente actual es Pedro Sánchez, pero el Ejecutivo puede caer en manos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. Por ello, el número uno del PP no puede descuidar este asunto por si llega a la Moncloa, ya sea con o sin Vox. De este modo, va a tener que trabajar este tema por si consigue ser el próximo presidente del Gobierno
La ejecución de la desinversión forma parte de las obligaciones del FROB de acuerdo a la Ley 9/2012 y el mismo debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición. No obstante, el Real Decreto Ley 4/2016 aprobó la ampliación a siete años del marco temporal en el que se debía producir la desinversión y abría la posibilidad de hacer nuevas ampliaciones de plazo bajo las correspondientes autorizaciones gubernamentales.
Así, el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018, con el preceptivo informe del FROB y del Ministerio de Hacienda, aprobó la ampliación del plazo de desinversión en dos años adicionales. El plazo máximo de desinversión expiraba en diciembre de 2021, pero el Ejecutivo decidió ampliarlo hasta diciembre de 2023.
La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas, explicó entonces el Gpbierno. La justificación del Gobierno para dar este paso es que la «extensión del plazo permitirá al FROB ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad».
La finalidad de la ampliación de la presencia del Estado en el banco es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas
La de 2021 fue la tercera ampliación del plazo inicial de venta que se realiza. La primera se aprobó en diciembre de 2016, lo que permitió extender de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión.
En 2018 se amplió de nuevo el plazo para situarlo en diciembre de 2021, fecha que se modifica hasta diciembre de 2023.
LOS COSTES PARA LAS PARTES
La parte económica no ofrece discusión porque es muy jugoso cobrar dividendos, pero la parte de la reputación, el coste de imagen, puede pesar. Y es que estar en el capital de un banco, aunque sea por medio del FROB, tiene costes que son difíciles de asumir de modo prolongado para un Gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre que haya algún conflicto va a salir a relucir que el Estado está en el capital de la entidad.
En este punto, resulta complicado para el Gobierno que preside Pedro Sánchez criticar a los bancos por no remunerar los depósitos mientras que el Estado esté presente en el consejo de administración de Caixabank.
No es cómodo para el banco contar con un accionista de referencia que es un foco de críticas, como es el Gobierno
Por la parte empresarial, tampoco es cómodo para el banco contar con un accionista de referencia que es un foco de críticas, como es el Gobierno, Además, a veces este accionista se posiciona en contra de lo que propone la entidad. Basten dos ejemplos: el primero, el voto en contra del FROB en la junta de accionistas de 2021 sobre la retribución del presidente del banco; el segundo, la abstención del FROB en la votación que aprobó un dividendo de 1.179 millones. Abstenerse sobre un punto que supone una inyección económica para el Estado es una gran paradoja.
