El Banco de España (BDE), en su último informe anual expuso las perspectivas económicas a los que se enfrenta la economía en nuestro país y los desequilibrios existentes, entre ellos uno de los pilares básicos de la sociedad como es el del acceso a la vivienda, tanto de los jóvenes como de familias con bajos ingresos.
Según el organismo supervisor, una de las razones fundamentales del crecimiento imparable que llevan los precios sobre todo en lo que respecta al alquiler desde 2014 es la insuficiente oferta que existe en el mercado, tanto de vivienda pública como privada que ha generado aunque sin citarlo expresamente una «burbuja en el alquiler» con subidas del más del 20% de meda en el período 2015-2021. Aunque en determinadas zonas el incremento es superior y alcanza tasas del 40%, principalmente en núcleos urbanos con mayor concentración de población.
De hecho en comunidades como Madrid o Cataluña el porcentaje de personas que vive con un contrato de arrendamiento ronda el 28%, esa estadística es incluso superior en Baleares e Islas Canarias, lugares donde proliferan numerosas viviendas de tipo turístico, que hace que se dispare hasta el 36,2% y el 35,4 respectivamente. El informe defiende que normalmente las personas que viven arrendadas son aquellas con ingresos más bajos o bien con trabajos que no son a jornada completa.
El BDE incide especialmente en el hecho de que nuestro país las viviendas de protección social en alquiler sean sólo 290.000, en las que residirían un 1,6% de los hogares, según datos del las estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estas cifras contrastan con el parqué social de otras economías europeas, cuyas ratios sobre el total del stock de vivienda se sitúan en el 7,5% en el promedio de la UE y alcanzan cifras significativas, por ejemplo, en Francia (14%), Reino Unido (16,7%) y Países Bajos (34,1%).
EL BDE PIDE MÁS OFERTA Y MENOS VIVIENDAS TURÍSTICAS
El BDE tiene claro en su informe que para intentar contrarrestar el alto precio que están alcanzado los alquileres en determinadas zonas de España, deben aplicarse varias recetas. Por un lado sería ampliar la oferta residencial existente. Puesto que en la última década se refleja en un aumento neto estimado de unos 800.000 hogares y 2 millones de personas adicionales residiendo en una vivienda en alquiler.
A este efecto se suma el hecho de que en nuestro países existe un crecimiento continuado de las viviendas turísticas, que supondrían un 1,2% del parque total de inmuebles, que estaría detrás de las subidas del coste de arrendar un piso ya que al existir menos oferta, el precio se incrementa sobre todo porque la demanda no para de incrementarse.
LEY DE VIVIENDA: PROS Y CONTRAS
Desde el BDE analizan la reciente Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, donde aplaude que se ponga un mayor énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler, mejorando la colaboración público-privada y mayores incentivos fiscales a las personas físicas que arrienden viviendas con reducciones de precios en áreas tensionadas.
Pero critica a su vez algunas de las medidas incluidas, como el control de rentas, ya que podría generar efectos indeseados a medio plazo. La nueva ley contempla medidas que limitan la actualización de las rentas del alquiler así como la posibilidad de que las comunidades autónomas que así lo estimen oportuno limiten los precios del alquiler en zonas tensionadas. Señala a su vez que si bien a corto plazo puede generar una contención de precios, a medio y largo puede producirse efectos adversos.
MALAGA, PALMA Y VALENCIA DONDE MÁS SUBEN
El estudio realizado por el BDE muestra una elevada heterogeneidad geográfica, con crecimientos acumulados de las rentas medianas del alquiler por metro cuadrado entre 2015 y 2021 superiores al 30% en ciudades como Valencia, Palma o Málaga. En las zonas con mayor insuficiencia relativa de la oferta, dentro de las principales áreas urbanas, los crecimientos acumulados durante este período de las rentas medianas del alquiler superan el 40%.
Por último, argumenta que casi la mitad de la población que vive actualmente de alquiler están en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios. Además un 40,9% de las personas dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda —frente a un 21,2% en el promedio de la UE. Esto genera un menor número de ciudadanos con vivienda propia desde 2014, suponiendo un mayor grado de desigualdad de la riqueza
