Varios editores autóctonos han intentado adelantarse al cambio de ciclo político que se barrunta de la mano de proyectos audiovisuales de tendencia conservadora que, o bien no llegaron a nacer, La Séptima, que se vendía como negativo fotográfico de La Sexta, o que finalmente han sido alumbradas sin suerte, 7NN, que acaba de despedir a más de la mitad de la plantilla y sobrevive en abierto solamente en la Comunidad de Madrid.
La capital del Estado se ha consolidado como granero del exótico y amateur ‘TDT Party’ español, entre las que podemos encontrar Libertad Digital TV, que se limita a rebotar la programación de Es Radio, o Distrito TV, reforzada por el empresario Félix Revuelta y lastrada por los polémicos bulos de una tertuliana contra Begoña Gómez.
Las dos señales más consolidadas entre las televisiones conservadoras españolas son la veterana El Toro TV, heredera de Intereconomía TV, y Trece, único canal con emisión nacional. El canal de la Conferencia Episcopal obtuvo el pasado mes un 2% de share, lo que supone su peor dato en un mes de febrero desde 2019.
Cabe recordar que Trece rondó los 100 millones de euros de pérdidas entre su fundación, 2010, y el año en el que se integró en el multimedia Ábside Media, que nació en 2020 con la intención del entonces mandamás de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, que los números de la cadena fuesen enjuagadas con los beneficios de la emisora radiofónica generalista, Cadena 100 o Rock FM.
La Conferencia Episcopal aseguró que ponía en marcha «una plataforma para responder a los retos que plantea la labor social y evangelizadora de la Iglesia en un contexto como el actual, caracterizado por la conformación de grupos multimedia y modelos de gestión integrada».
Ábside Media, además, nació tras el apercibimiento del Tribunal de Cuentas a la Conferencia Episcopal por utilizar el dinero recaudado en la campaña de Hacienda para compensar los números rojos de Trece, cuya programación se basa en informativos y tertulias afines al PP, cine clásico y programación sociorreligiosa.
Un informe del Tribunal de Cuentas adelantado a inicios de 2020 por eldiario.es dejaba claro que los obispos españoles vulneraban las leyes europeas, que prohíben financiar medios privados con el dinero de la campaña del IRPF.
A la luz de la información publicada por la propia Iglesia, 20 millones de euros procedentes de fondos estatales son aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica (Trece)», señalaba el documento aportado por Jesús Bastante.
El informe añadía: «La aplicación de estos fondos a este destino debería ser objeto de un análisis más detallado por la Administración por si incurriera en los supuestos contemplados en el artículo 107 del TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea)».
Ese artículo decía que «salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
