El dilema de Sandra Fernández tras sustituir a Mirta Drago al frente de la Comunicación de Mediaset España

El dilema que afronta Sandra Fernández al asumir el área de Comunicación y Relaciones Externas de Mediaset España es decidir si este departamento regresa a la realidad tras dos décadas en manos de la ‘vasilista’ Mirta Drago, enfrentada a la mayor parte de la prensa por la incapacidad de su jefe a aceptar las legítimas críticas que recibía la escandalosa televisión que tantos beneficios ha dado a la familia Berlusconi.

Sandra Fernández tendrá que decidir si Mediaset España sigue acomodada en el ‘mourinhismo’, intentando compensar sus polémicas con un tono bronco hacia la prensa, o intenta trazar una Comunicación más propia del siglo XXI que del XX.

¿NUEVA IMAGEN?

El grupo parece querer reformular su imagen y para ello ha creado un amago de ‘Código ético’ que navega contra el espíritu de ‘Sálvame’ y contra la pulsión política de Jorge Javier Vázquez, cuyo «rojos y maricones» tanto se indigesta en un grupo que ha caminado del «¡No a la guerra!» (2003) a que AR solo le afee las ocurrencias de Vox solo si comprometen electoralmente a las aspiraciones del PP, véase lo del escuchar el latido de los bebés en Castilla y León (2023).

De Àngels Barceló, Xavier Sardà y Wyoming (2003) se ha pasado a Bertín Osborne, Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana (2023) para enfado de Jorge Javier, que ve que la nueva normativa de Mediaset España dice que «los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa. La única excepción vendrá dada por aquellos programas que tengan una sección específica de actualidad política».

Tardaba en incumplirlo el presentador de ‘Sálvame’, que este martes ya dejó claro que no tiene intención de abstenerse en comentar la actualidad al exigirle a su compañero y amigo Kiko Hernández que, en caso de ser homosexual, debe decirlo para dar en la boca de formaciones políticas intolerantes con los derechos LGTBIQ+.

A los de Vox les pitaron los oídos: «Hay partidos que están poniendo en duda todas las libertades y derechos que hemos conseguido, y son muy difíciles de conseguir. Es muy fácil que te lo arrebaten. Todo en la vida es política».

DESENTRAÑANDO EL ‘CÓDIGO ÉTICO’

«Los presentadores y colaboradores de los programas Mediaset España no deben atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores o colaboradores», sostiene el texto. Que añade: «Si una productora, presentador o colaborador tiene un problema con cualquier otra productora, presentador o colaborador de Mediaset España, lo comunicará a cualquier de las personas que integran el Área de Contenidos de la empresa».

«Los presentadores de los programas, especialmente, pero también los colaboradores, no abandonan el programa en directo, salvo causa justificada y previamente comunicada. Si toman esta decisión, se tendrá por definitiva a efectos contractuales», decían en evidente dardo contra ‘Sálvame’ que, finalmente, se ha corregido.

El ‘Código ético’ asegura que «los presentadores deben conducir y ordenar el curso del programa que presentan, deteniendo de inmediato cualquier iniciativa de cualquier colaborador o participante que pueda dar lugar a responsabilidad penal o civil». Ante los incumplimientos de los programas en relación a la franja horaria que se emite, también en evidente compromiso para ‘Sálvame’, se dice que «el incumplimiento de esta medida determinará, en otras consecuencias, la imputación a la productora de la sanción que pudiera recibirse por parte de los órganos reguladores».

Y las multas económicas o penales que repercutan contra Mediaset España «serán imputadas al presentador, colaborador y en todo caso, a la productora de la posible sanción que la compañía pudiera recibir». Por último, se señala que «el incumplimiento de estas medidas determinará entre otras consecuencias la imputación al presentador, colaborador y en todo caso, a la productora de la posible sanción que la compañía pudiera recibir o de la posible indemnización a la que pudiera ser sancionada a resultas del correspondiente proceso administrativo o judicial».