El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido de que la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero podría incrementar los conflictos entre clientes y entidades, en concreto por la tasa de 250 euros que el banco tiene que abonar en caso de que una reclamación sea admitida a trámite.
La tasa se fija en un importe de 250 euros y se devenga por la mera tramitación de las reclamaciones, con independencia del sentido en el que finalmente se pronuncie la agencia. De hecho, De Cos ha hecho alusión al dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de ley, donde se pronunció sobre la «falta de proporcionalidad» del sistema de tasa diseñado.
