El Foro Económico Mundial de Davos fue el primer evento internacional en el que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en 2020, pocos días después de ser investido. Los años han pasado, pero el objetivo detrás de su participación en esta nueva edición es el mismo: atraer inversiones para España. Todo esto, mientras la UE por su parte, también va por el mismo objetivo: encontrar financiación. Sin embargo, el mundo no es el que era dos años atrás. Tal como lo indica el lema de este evento, los líderes mundiales se enfrentan a una situación crítica y por ende, deberán cooperar en “un mundo fragmentado”.
La guerra en Ucrania ha dado vuelta el tablero y sus consecuencias presentan desafíos interconectados que no conocen fronteras. A una situación ya crítica por los desafíos presentados por la pandemia global de la Covid-19, ahora se suman situaciones urgentes a las que hacer frente como el incremento en el coste de la vida, la escasez de alimentos, la crisis energética, el cambio climático, entre otros. Todos ellos formarán parte de la ambiciosa agenda que se debate en la localidad Suiza.
Los desafíos enumerados son aún más ambiciosos si se tiene en cuenta que el crecimiento económico de las potencias se está estancando. Como explican desde el World Economic Forum, las economías globales se enfrentan a un desequilibrio precario debido a que el crecimiento y la inflación se están moviendo en direcciones opuestas. Esto, acompañado de las vulnerabilidad del sector financiero, explican, puede llegar a potenciar la desaceleración del crecimiento.
Los pronósticos presentados a fines de 2022 por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también son preocupantes. El informe del BCE augura una larga batalla contra la inflación y fuertes probabilidades de que el incremento de precios afecte duramente a los salarios. Según advierten, la Unión Europea podría registrar una recesión técnica, acompañada de una contracción económica durante el primer y segundo trimestre.
Ante un panorama con desafíos tan bien definidos, la encrucijada a la que se enfrenta la UE es establecer un marco para hacerles frente. El desafío entre los desafíos es entonces, encontrar la financiación necesaria en un contexto de volatilidad financiera, inflaciones, problemas de liquidez y un incremento de las tasas de interés.
Una de las más recientes medidas anunciadas por el BCE y que forman parte de la hoja de ruta diseñada para reducir el tamaño de su balance, es la devolución de las líneas de financiación TLTRO-III. Las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico, son un instrumento diseñado en 2020 para proporcionar a los bancos financiación segura y favorable a un tipo de interés ventajoso. Esto con el objetivo de paliar el impacto en la economía de la crisis derivada del estallido de la pandemia de la Covid. En resumen, se trata de una medida pensada para incentivar a los bancos a conceder más préstamos y así garantizar mejores condiciones a las empresas y a las familias para que estas pudieran hacer frente a las duras condiciones económicas.
Según fuentes del BCE, los bancos europeos se habrían beneficiado de este dinero a coste cero y sus ganancias habrían alcanzado los 30.000 millones de euros. En cuanto a los bancos españoles, los beneficios habrían llegado a los 2.300 y 2.500 millones de euros. Sin embargo, estos “beneficios caídos del cielo” llegaron a su fin con el endurecimiento de la política monetaria europea.
A finales de 2022, el BCE decidió poner fin a dichas condiciones favorables para la banca e incentivar la devolución anticipada de las líneas de liquidez TLTRO-III. En diciembre, el monto recolectado por el BCE alcanzó los 745.000 millones de euros. A pesar de haberse beneficiado de estas condiciones excepcionales, los analistas consideran que la banca no ha sacado el máximo partido de esta oportunidad. Aún así, la recalibración de este instrumento tomó por sorpresa al sector acostumbrado al tratamiento preferencial, por lo que sus representantes no tardaron en salir a calificar la medida de “drástica”.
En contraposición con las medidas ventajosas de las que gozó el sector bancario, otro sector igual de afectado por la crisis y las tensiones de liquidez, el asegurador, ha recibido un trato menos beneficioso. Si bien las aseguradoras españolas comenzaron el año con “cierto positivismo cauteloso”, a nivel europeo existe una preocupación subyacente sobre las condiciones a las que está expuesto el sector. Sobre todo, en lo que respecta a la Directiva Solvencia II, el principal marco en el ámbito de los seguros en la UE que define los requisitos de capital de las aseguradoras. Esto, en combinación con lo estipulado en el llamado “compromiso danés”, deja entrever las marcadas diferencias entre el sector de la banca y el asegurador.
El compromiso contempla requisitos de capital menos estrictos para los bancos con participaciones en compañías de seguros, mientras que las aseguradoras con participaciones en bancos no corren con la misma ventaja. Entre las condiciones injustas, esta norma modifica el cálculo de capital que pasa de ser provisional con un vencimiento original de fines de 2024, a ser definitivo para las acciones poseídas durante al menos seis años. Es decir, las entidades bancarias que posean acciones en compañías de seguros mantienen el descuento de capital sobre participaciones indefinidamente. Por ende, los bancos que tengan acciones en compañías de seguros ya no se verán presionadas a reducir sus participaciones.
Afortunadamente, el Consejo de la UE ha dado un paso en la dirección correcta al decidir llevar a cabo una revisión de esta regulación. En palabras del Consejo, esta revisión permitirá que el sector sea más resiliente y mejor preparado para afrontar los retos futuros.
Está de más decir que el sector asegurador cumple un papel fundamental a la hora de acompañar los ambiciosos objetivos de la UE en materia, por ejemplo, de sostenibilidad. Las aseguradoras europeas gestionan aproximadamente 20 billones de euros en activos y son una potente fuente de inversión. Por ende, la revisión de la Solvencia II, bajo el auspicio del eurodiputado alemán y ponente Markus Ferber, es fundamental para abordar las limitaciones actuales, en especial la asimetría normativa que genera un desequilibrio entre los beneficios al sector bancario y la penalización al sector asegurador. Lo que favorece la ventaja financiera de los bancos a costas da la penalización al sector asegurador.
Abogar por una normativa más justa es primordial, sobre todo en un contexto en el que se debe sacar el máximo provecho para impulsar la recuperación económica y garantizar la liquidez. Por ende, de ser correctamente abordada, la revisión permitiría a las aseguradoras invertir más en los objetivos mencionados y así contribuir a la mejora de la sociedad en general. Quedará por verse entonces si la UE estará a la altura de mejorar las condiciones para la concreción de los ambiciosos proyectos que se forjen estos días en Suiza.
