El fuerte interés que tienen las directivas de Repsol por recomponer sus números financieros aprovechando la coyuntura energética mundial y reducir su número de acciones a 1.200 millones de acciones, prevé una cuantiosa recompra de las acciones para los próximos años. Esta situación la aplaude las entidades Citibank y RBC, quienes hace unos días revisaron los precios de las acciones de Repsol al alza con recomendación de compra y precio objetivo entre 17 euros y 19 euros.
Aunque la idea de los bancos de inversión apoya la continuidad alcista de las acciones de Repsol, consideramos que se han demorado en su análisis, ya que esto comenzó en agosto y desde octubre luego del cierre del tercer trimestre, las acciones de Repsol ya indicaban un movimiento potencial al alza que inclusive compartimos con nuestros lectores en el anterior artículo publicado el 2 de noviembre denominado «Repsol pone orden en la casa y da oportunidades».
La ruptura sólida de la directriz bajista macro manteniéndose sobre la directriz interna alcista que se ha venido creando desde octubre de 2020, refleja en el precio de Repsol un potencial movimiento, especialmente sobre los 13,5 euros que comentábamos como área de compra, los cuales visitó dando la gran oportunidad al punto exacto y desde donde se ha revalorizado más de un 8%.
De esta forma, el primer objetivo que buscamos alcanzar será los máximos anuales establecidos en junio sobre los 16,3 euros por acción que representan más de un 10% de revalorización desde el precio actual. El segundo objetivo está establecido en el máximo registrado en 2018 sobre los 17,5 euros correspondientes a una revalorización superior al 20%. Una vez alcanzado estos objetivos, estimamos un tercero en los máximos de 2014 sobre 21 euros por acción, lo que representa más de un 40% de beneficio.
EL PANORAMA PARA REPSOL
De seguro estos niveles se alcanzarán en un mediano o largo plazo o inclusive en el corto plazo, si la regulación que el gobierno español impuso toma el debido curso de acuerdo con las modificaciones de las enmiendas que terminaron este miércoles en el congreso de los diputados. Allí se estableció que el impuesto se grabará durante los próximos dos años al sector bancario y a las grandes empresas energéticas siempre y cuando registren ventas superiores a los 1.000 millones de euros anuales y entrará en vigor el primero de enero de 2023.
No obstante, de tanta presión por parte de los sectores involucrados, el impuesto se gravará a los ingresos no regulados y que sean obtenidos fuera de España. En ese orden de ideas no estarán gravados con el nuevo impuesto los ingresos de negocios regulados como son las redes, sistemas extra peninsulares y las renovables, ni mucho menos los beneficios que era el interés inicial de los sectores a lo cual, la ministra de Hacienda María Jesús Montero se negaba rotundamente aduciendo que gravar los beneficios era inoficioso porque las empresas los pueden maquillarlos.
