La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha puntualizado que la propuesta del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 de elevar algunos de los coeficientes máximos del impuesto de la plusvalía municipal no implica de por sí un incremento de este tributo para el contribuyente.
Según explican los Inspectores de la Hacienda Local a través de un comunicado, la medida posibilita a los ayuntamientos realizar esta subida y actualizar sus ordenanzas, de la misma manera que un municipio podría no modificar los coeficientes.
«Incluso un ayuntamiento puede tomar la decisión de reducir esos coeficientes, puesto que los PGE establecen los coeficientes máximos pero no los mínimos», aclaran desde la Asociación.
EL DECRETO
En 2021, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el diseño hasta entonces vigente del impuesto.
La actualización de los coeficientes máximos está habilitada por la normativa propia del impuesto, que establece que «estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado».
Se reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales
Cabe recordar que el decreto reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
En cuanto a los principales agujeros de la nueva regulación del impuesto de plusvalía, los Inspectores de la Hacienda Local remarcan el de la compatibilidad del impuesto con el principio de capacidad económica y el de la valoración de los inmuebles cuando haya discrepancias entre contribuyentes y Administración.
