El Gobierno reconoce que tendrá que prorrogar «bastantes» de las medidas aprobadas hace meses para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania antes de que finalice su vigencia el próximo 31 de diciembre, pero asegura que dispone de «holgura y margen suficiente» para asumirla.
Aunque el Ejecutivo no ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ninguna de las medidas para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que en noviembre o diciembre el Ejecutivo aprobará un nuevo paquete para prorrogar bastantes medidas.
La única excepción que se incluye en las cuentas públicas del próximo año es la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.
Entre las medidas prorrogadas por el Gobierno a finales de junio destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contrata de hasta 10 kilovatios.
Además, se incluye una prórroga de la medida consistente en la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prorroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Para el Impuesto sobre la Electricidad, el Gobierno plantea en los PGE de 2023 que la recaudación se multiplique por más de seis el próximo año, hasta los 1.364 millones de euros, frente a los 204 millones previstos para este año. No obstante, esa cifra variará en caso de que el Ejecutivo decida prorrogar la rebaja del tributo.
CARBURANTES Y TOPE A LOS ALQUILERES
En el ámbito de los carburantes, el decreto incluye la reducción de 20 céntimos en el litro de combustible. También se congela el precio de la bombona de butano que, tras la última revisión, está en 19,55 euros.
Con el objetivo de reforzar la protección a grupos más vulnerables, el Gobierno estipuló la prohibición de suspender el suministro de energía, el tope a la subida de alquileres al 2% y que el aumento de costes energéticos no pueda suponer causa de despido en empresas que dependan de la Administración.
