El nuevo Reglamento de la Unión Europea acerca de la pesca de arrastre está suponiendo un gran problema, debido a que prohibirá la pesca de arrastre en aguas europeas a profundidades mayores de 800 metros y en ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 m. Al ser una normativa que tendría un gran impacto en el sector pesquero, varios países de la Unión Europea que viven de este tipo de pesca ya se han posicionado en contra, como España e Irlanda.
De esta forma, España también ha empezado a tomar acciones porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el cierre de caladeros a la pesca de arrastre adoptado por la Comisión Europea.
Así lo ha asegurado en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, tras reprochar el PP y el BNG la falta de contundencia del Gobierno para defender el acceso a estos caladeros y exigir compensaciones para el sector.
existe «un problema de equilibrio» en este veto
ESPAÑA RECURRIRÁ LA PESCA DE ARRASTRE
Planas ha asegurado que la decisión de la Comisión Europea es «profundamente injusta para el sector pesquero y que la información científica que sustenta la decisión del Ejecutivo europeo es «insuficiente y anticuada». «La más moderna disponible estaba sobre la mesa de la Comisión y no se ha tenido en cuenta», ha dicho.
«EL GOBIERNO DEFIENDE LA SALUD DE FONDOS Y MARES DEL OCÉANO, PERO SE TIENE QUE HACER DE FORMA PROPORCIONAL CON LOS INTERESES DE LOS PESCADORES»
Asimismo, ha criticado que existe «un problema de equilibrio» en este veto pues, ha asegurado, «el Gobierno defiende la salud de fondos y mares del océano, pero se tiene que hacer de forma proporcional con los intereses de los pescadores».
Adoptado el pasado 15 de septiembre, el veto afecta a la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
PP Y BNG PIDEN SOLICITAR UNA SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO
En la sesión de control al Gobierno, el PP ha reprochado que Planas no haya sido capaz de «sumar aliados» para aunar «un frente más amplio» o «armar un recurso ganador» ante esta decisión. «Nunca usted tuvo tanto respaldo», ha asegurado el diputado Joaquín María García Díez, antes de apremiar al ministro a que «pelee la suspensión temporal» de este reglamento y que la Comisión «revise su decisión».
«El Gobierno puede y debe hacer mucho más de lo que está haciendo», ha azuzado el diputado de BNG, Néstor Rego, que, aun celebrando la interposición del recurso, ha señalado que el veto entra en vigor en apenas cuatro días (9 de septiembre).
Por ello, ha pedido al Gobierno que presione a la Comisión para que cambie de opinión, solicite la suspensión cautelar y apruebe compensaciones en tanto dure el veto: «Si fuera a la banca, ya tendríamos un plan de rescate sobre la mesa», ha dicho.
EL RECURSO SE PRESENTARÁ «EN LOS PRÓXIMOS DÍAS»
Planas ha explicado en su réplica que España rechazó junto a Irlanda esta decisión, y que, gracias a ello, a otras nueve abstenciones y a la no participación de los Estados miembros, no se aprobó un dictamen al respecto.
Asimismo, ha asegurado que junto a Francia e Irlanda han solicitado suspender la aplicación del reglamento y, ante la negativa de la Comisión, el Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el TJUE, «el máximo instrumento jurídico» del que dispone España, ha dicho. Más tarde, en declaraciones a los medios, ha especificado que España interpondrá el recurso «en los próximos días».
El titular de Pesca ha criticado que la decisión no atienda a las consecuencias económicas y sociales de la prohibición, pero también que se base en información «errónea», ya que algunas de las zonas afectadas por el veto no alcanzan una profundidad de 400 metros y, por tanto, no debería aplicarse la prohibición.
Por otro lado, ha criticado que el veto de la Comisión Europea incluya también modalidades no contempladas en el informe que sustenta la prohibición, una decisión que supone «razón suficiente», ha dicho, como para anularla. «Lo vamos a discutir con la Comisión desde ahora para que revise esa decisión en noviembre», ha dicho.
En resumen, aunque esta normativa sobre la pesca de arrastre tiene el objetivo de proteger los ecosistemas y los océanos, presenta un gran impacto sobre el sector pesquero, ya que no se han medido las consecuencias directas de esta norma. Por lo que España ha tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el veto europeo a la pesca de arrastre.
