Los VTC saludan que el decreto andaluz garantice la continuidad, pero lamentan restricciones desorbitadas

La asociación andaluza de alquiler de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Andeval ha saludado que el decreto para regular la actividad de los VTC en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, «garantice la continuidad del sector», pero ha lamentado «algunas restricciones desproporcionadas».

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Andeval, Ignacio Manzano, ha asegurado que aunque «es una buena noticia» que el decreto ley «garantice la continuidad del sector» de la VTC en Andalucía, «estamos preocupados por algunas restricciones desproporcionadas como las medidas de los vehículos». Así, ha añadido que «el tamaño mínimo, sobre todo en vehículos ECO, ralentizará sin duda el proceso de electrificación del parque de vehículos en Andalucía y dificultará el acceso a alternativas de movilidad más sostenibles para los usuarios».

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto Ley por el que modifica, a su vez, la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, reguladora de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha sostenido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la norma se ha hecho pensando «en el usuario, el consumidor, en el interés general» con la búsqueda de «la seguridad jurídica» y que el texto final solo ha excluido dos peticiones del sector del taxi: la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC.

Carazo ha argumentado que la norma entrará en vigor sin que quepa concluir que hay «ganadores y perdedores» dentro de «una regulación equilibrada, sensata en base a la seguridad jurídica», por lo que ha defendido que «este Gobierno ha sido valiente en la regulación de los VTC con el objetivo de dar a los ciudadanos el mejor servicio, permitiendo seguir trabajando a los VTC pero estableciendo requisitos para no dañar al taxi como servicio público».