domingo, 2 octubre 2022 13:02

Bolt elude el decreto antiCabify de Cataluña con «medidas ridículas»

Bolt tira de ingenio para eludir el decreto catalán ‘antiCabify’, dictado por el Taxi y suscrito por el PSC. La normativa parecía el fin definitivo de las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Barcelona. Entre otras imposiciones, se exige a los coches tener al menos 4,9 metros de longitud, una medida que alcanzan muy pocos vehículos en el mercado y cuyos precios no bajan de los 40.000 euros.

La hecatombe para el sector suponía un duro revés para las plataformas debido a la falta de coches que cumplieran con el nuevo reglamento. Sin embargo, Bolt ha conseguido esquivar la normativa con una «medida ridícula» al instalar en la parte trasera extensiones en los coches para cumplir esos 4,9 metros. Los socialistas, impulsores de este restrictivo decreto, tan sólo incluyeron el largo, sin especificar si las extensiones homologadas estarían prohibidas.

El ingenio de la compañía, dirigida en España por Daniel José, ha puesto en el epicentro a los taxistas y a políticos. Estas partes metálicas adicionales se han instalado en los vehículos autónomos y pequeñas flotas que trabajan con Bolt en Barcelona, que evitan así tener que cambiar el vehículo y por tanto aumentar aún más la incertidumbre a su negocio.

BOLT ADOPTA UNA MEDIDA EXTRAORDINARIA, PERO QUE CUMPLE LA NORMATIVA

Para la compañía es una «medida extraordinaria» para combatir el decreto de Cataluña. En la normativa, aprobada el pasado mes de julio, los vehículos tienen que tener esta longitud para poder prestar servicios urbanos, una condición que solo cumplen algunos turismos de la más alta gama y las furgonetas de pasajeros. Para Bolt, esta exigencia pone en riesgo 4.000 empleos y «perjudica a la hiper regulada oferta de movilidad en la ciudad«.

De esta forma, los conductores y las pequeñas flotas se han visto obligadas a buscar una solución sin tener que realizar el carísimo desembolso de comprar un vehículo nuevo, que además no se encuentra en stock en los concesionarios. «Regular el tamaño de los vehículos es una medida que penaliza de forma desproporcionada a los autónomos y las pequeñas flotas que trabajan con Bolt, no a los grandes operadores», ha indicado la compañía. En especial, a aquellos que han realizado una inversión reciente en la compra de vehículos y autorizaciones VTC.

Bolt instala extensiones homologadas en los vehículos VTC de Cataluña
Bolt instala extensiones homologadas en los vehículos VTC de Cataluña

«Desde Bolt, no consideramos que esta regulación sea el marco apropiado para el futuro de las ciudades», ha lamentado Daniel José. La compañía apuesta por una convivencia entre taxis y VTC de cara a la movilidad en las ciudades, motivo por el cual aboga por un modelo en que se equiparen ambos jugadores.

UNA EXTENSIÓN QUE ROMPE CON LOS PLANES DEL PSC

«Necesitamos un marco regulatorio que esté centrado en el ciudadano y en contra del enemigo común que es el coche privado», ha sostenido el directivo de Bolt. «Este tipo de medidas que decantan la balanza hacia un lado, tratando de expulsar del mercado a determinadas alternativas, no son positivas ya que agravan la falta de oferta de transporte que ya hay en la ciudad, crean un conflicto innecesario y es una amenaza para el empleo«, ha comentado el director para VTC y Taxi de Bolt.

La demanda nos ha demostrado que el sector del taxi y de las VTC no compiten, sino que se complementan y ambos son necesarios

La plataforma, lejos de hacer las maletas, ha apoyado de forma clara y explícita a sus autónomos y flotas. La inmensa mayoría de las pymes y los trabajadores por cuenta ajena buscan la fórmula para mantener los ingresos, incluyendo estas «medidas extremas» y casi «ridículas» para cumplir con una «normativa que, además, va completamente en contra del marco establecido por la Unión Europea».

De hecho, la necesidad de las VTC en la Ciudad Condal se mide por la demanda. Y es que, ambas ofertas apenas llegan a cubrir los servicios. «La demanda nos ha demostrado que el sector del taxi y de las VTC no compiten, sino que se complementan y ambos son necesarios», ha insistido Daniel José.

«Los usuarios demandan más movilidad y la oferta actual en Barcelona simplemente no da abasto, por lo que como compañía y, ante las normativas establecidas, seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros partners para seguir operando en la ciudad condal y continuar dando un servicio de calidad a nuestros usuarios para que dejen de usar el coche privado», ha remachado.

A la misma situación que en Cataluña se prepara Bolt en Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno trata de apaciguar los ánimos con los taxistas, especialmente en Málaga, donde el conflicto podría enquistarse.

BOLT DARÁ LA BATALLA EN ANDALUCÍA

La plataforma de intermediación entre usuarios y conductores ha considerado que el decreto que prepara Andalucía es muy similar al catalán, y por tanto condenará a la «práctica desaparición del sector y de miles de puestos de trabajo».

Tanto Bolt como MOVEA han mostrado su sorpresa de que el sector andaluz esté barajando implementar estas medidas restrictivas en el sector. En concreto, la región del sur exigirá una longitud mínima de 4,7 metros a los vehóculos, así como la creación de zonas restringidas al tráfico para las VTC e incluso aprobará un «permiso autonómico que reduciría significativamente el número de operadores».

«No tiene sentido que el gobierno de Andalucía, que siempre se ha mostrado favorable a un marco regulatorio pro competencia, se contradiga y siga ahora las medidas radicales implementadas en Cataluña», ha considerado. En este sentido, el aviso del directivo no sólo se centra en la dificultad a la que se enfrentarían las empresas, sino a la restricción de los clientes al no poder escoger el servicio de movilidad.

Todo ello tendrá consecuencias en la economía y el turismo a partir del próximo 1 de octubre, fecha en la que se acaba la moratoria del decreto Ábalos y la competencia pasará a las Comunidades Autónomas. Por todo ello, José insta a los legisladores a recapacitar antes de la aprobación definitiva de la normativa.


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