jueves, 6 octubre 2022 3:27

El Gobierno negocia con Bruselas elevar las ayudas compensatorias a industrias por costes de emisión de CO2

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado que el Gobierno trabaja con Bruselas para aumentar el umbral máximo de las ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2 para próximas convocatorias, tras haberlas elevado hasta los 244 millones.

Maroto ha realizado este anuncio en el transcurso de la 13ª reunión de la Mesa del Acero, que ha presidido, y donde ha abordado, junto con representantes de otros ministerios, comunidades autónomas y asociaciones empresariales, los retos de un sector afectado por la subida de los precios de la energía y en pleno proceso de transformación hacia un modelo de producción más sostenible y digital.

Maroto ha reconocido que la actual situación de los precios de la energía es un tema que preocupa a todos los sectores industriales, y especialmente al sector del acero.

El Gobierno está preparando una propuesta de Plan de Contingencia que prevé tener concluido este mes de septiembre, y con el que pretende lograr una respuesta europea acorde a las necesidades de los grandes consumidores de energía, como la industria siderúrgica.

El pasado viernes hubo un acuerdo unánime en el Consejo Europeo de Energía de habilitar mecanismos de intervención en el mercado mayorista eléctrico.

«Nuestra responsabilidad es encontrar nuevas respuestas ante una situación que es extraordinaria. La energía está siendo usada como arma de guerra y nuestra responsabilidad como Gobierno es proteger a las economías, a las familias y al tejido industrial en Europa», ha señalado Maroto.

En la reunión, la ministra ha relacionado todas las medidas que el Gobierno ha ido aprobando en los últimos meses para hacer frente al alza de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania y que en su conjunto han movilizado más de 850 millones para apoyar a la industria electro y gas intensiva.

Tras señalar que el Gobierno es consciente de la importancia que tiene el sector del acero en la economía española y su contribución a la vertebración territorial, Reyes Maroto ha destacado que se han aprobado medidas para dar respuestas a las demandas de la gran industria, como la rebaja de los impuestos energéticos y el aumento de ayudas directas.

Por ejemplo, ha detallado que se han incrementado hasta los 244 millones las ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2, y que el Ejecutivo trabaja con Bruselas para aumentar el umbral máximo de estas ayudas para próximas convocatorias.

La ministra ha repasado las ayudas aprobadas para apoyar a la gran industria, como las rebajas fiscales selectivas por cuatro vías: por la rebaja de los cargos y peajes, por la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica del 7%, por la bajada del Impuesto Especial de Electricidad del 5,11% al 0,5%, y, además, se ha permitido que puedan acudir a las nuevas subastas de contratos de energía a plazo, directamente como compradores o, indirectamente, adquiriendo la energía a una de las comercializadoras adquirientes.

Según Industria, la rebaja temporal del 80% de los peajes beneficia a unas 600 empresas electrointensivas, que se mantendrá hasta final de este año. Esta medida supone un coste de 225 millones de euros.

Esta rebaja de los peajes se suma a la bonificación permanente del 85% de los cargos del recibo recogidos en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que perciben todos los consumidores electrointensivos. El coste de esta medida es de 73,6 millones de euros.

Asimismo, está en marcha el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei) dotado con 200 millones de euros para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos. Por otro lado, se han destinado 375 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas.

Cabe recordar que a nivel europeo España ha conseguido poner en marcha el mecanismo ibérico, una medida que reconoce a España y Portugal la condición de isla energética, lo que ha permitido poner en marcha medidas temporales y excepcionales, como un tope al gas para generar electricidad, con el fin de reducir los precios de la electricidad para consumidores y empresas. Desde su aplicación, el mecanismo ibérico está ahorrando 2.000 millones de euros a los españoles en la factura eléctrica.

Además, como anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, El Ejecutivo va a incluir, con carácter temporal, a las plantas de cogeneración dentro del citado mecanismo ibérico para limitar el precio del gas, con el objetivo de proteger el empleo y la competitividad de sectores industriales.

En la reunión de la Mesa del acero se han analizado otros temas que afectan al sector, como la regulación medioambiental, la revisión del sistema de comercio de derechos de emisión o el futuro Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, junto con la continuación de las medidas de salvaguarda en el apartado de Comercio.

PERTE DE DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL

Finalmente, la ministra ha anunciado a los asistentes a la reunión que su departamento trabaja en un nuevo Perte de Descarbonización Industrial que financiará inversiones para acelerar la descarbonización de las empresas industriales, el pago de menores derechos de emisión de CO2, menores costes por consumo de combustibles fósiles, menor empleo de recursos y de materias primas, entre otras medidas.

Este nuevo proyecto tractor tiene como objetivo prioritario mejorar la competitividad de la industria española y disminuir su huella de carbono y su efecto en el medio ambiente.

Se trata de la primera vez que un ministro de Industria preside la Mesa del Acero. A la reunión de hoy han asistido también representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Ciencia e Innovación, representantes de las Comunidades Autónomas, miembros de Unesid, y responsables de CCOO-Industria y UGT-FICA.


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