El sector de la cogeneración planta batalla a Teresa Ribera. Empresas azulejaras, cerámicas, papeleras, ladrilleras, químicas y un sinfín de actividades que generan energía y calor para sus procesos rechazan la última ocurrencia de la ministra. Y no solo ellos. La titular de Transición Energética ha conseguido concitar una rebelión de presidentes autonómicos al unísono pese a sus diferencias políticas y territoriales. A Xunta de Galicia, Generalitat Valenciana, Junta de Castilla y León, Gobierno de Aragón y Generalitat de Cataluña se une ahora la Junta de Andalucía. Todas las regiones con industria reclaman lo mismo: incorporar al decreto ley de medidas de eficiencia energética que la cogeneración no pare.
Los presidentes autonómicos se sublevan contra el decretazo de medidas de eficiencia energética promovido por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la connivencia del presidente Sánchez. Una de las primeras en hacer público su descontento fue la Generalitat Valenciana, liderada por el socialista Ximo Puig. La industria azulejera de Castellón, entre otros de los sectores más representativos del Levante español se juega mucho con la norma que favorece a los ciclos combinados de las cinco grandes eléctricas en claro perjuicio de las 600 industrias cogeneradoras de España.
Los cogeneradores reclaman un tratamiento retributivo similar al de las centrales de ciclo combinado a las que el Gobierno ha reconocido el precio del mercado MIBGAS, 130 €/MWh en julio. Sin embargo, se prevé que el Ministerio —que no publica la retribución de la cogeneración desde hace dos años, algo ilegal— proponga a los cogeneradores unos 85 €/MWh para este segundo semestre 2022, una cifra que abocará al cierre. El TTF de gas registró en julio una media de 167 €/MWh y muchas industrias están atrapadas en este mercado ante la negativa de sus comercializadoras de venderles gas a precio MIBGAS.
«Este lunes todas las Comunidades Autónomas recibieron nuestras alegaciones que hemos presentado a las retribuciones y, a partir de esa fecha, disponen de una semana para remitir sus propias alegaciones», explica a MERCA2, Javier Rodríguez, presidente de la patronal de la cogeneración (Acogen).
RECHAZO AL DECRETO DE RIBERA
Entretanto, y desde el mes de junio, son muchos los Ejecutivos regionales que han manifestado su posición contraria a la norma. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha escrito una carta a la ministra trasladando su preocupación. «La preocupación por el tejido industrial gallego es enorme allí», apunta Rodríguez, «la industria papelera, química, conservera o del tablero» son intensivas en el uso de energía.
Y no solo la Comunidad Valenciana o Galicia, «la sintonía del sector de la cogeneración con todas las CCAA es total, porque la conclusión es la misma en todas partes: con esta medida del Gobierno se desperdicia eficiencia y se perjudica a la industria», añade.
El julio, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se limitó a remitir un escrito a Ribera, sino que, en la primera reunión de la legislatura con el presidente Sánchez también «reprochó la afectación industrial de la decisión para las cementeras y la industria de la automoción», tan importantes en la economía de la región.
«Esta semana hemos hablado con Andalucía, la segunda CCAA que más cogenera en España, donde el polo químico de Huelva y el olivar viven con especial inquietud esta situación», afirma el presidente de Acogen. El futuro del olivar se pone en riesgo, puesto que la mitad del residuo del olivar se trata en cogeneración, de forma que ya se han registrado paradas en las plantas orujeras. Del mismo modo, en otras localizaciones se han aplicado ERTEs en la industria láctea.
El Gobierno andaluz «ha mostrado su apoyo y remitirá medidas a incorporar al decreto ley, para evitar la parada de la cogeneración», apunta Rodríguez. Según la asociación sectorial, el Gobierno del Principado de Asturias también tiene previsto contactar con la ministra Ribera por el efecto insostenible en el sector lácteo.
«En Cataluña contamos con el apoyo de la patronal (Foment del Treball), como de la CEOE a nivel nacional», afirma el presidente de Acogen. «En Aragón, el presidente Lambán se ha dirigido de forma directa a la vicepresidenta, para proponer las mismas soluciones y esta semana ha reiterado que sigue esperando soluciones eficaces». En cuanto al País Vasco, «son las propias empresas las que se dirigen al gobierno autonómico, para solicitar reuniones del sector papelero», concluye Rodríguez.
EFICIENCIA, AHORRO Y COMPETITIVIDAD
Para Acogen, resulta paradójico que España haga bandera del ahorro energético mientras que las cogeneraciones —las centrales de gas más eficientes del país— muestran caídas de producción del 60%, situación que podría empeorar si no se les reconoce un coste de gas de mercado similar al de sus competidores los ciclos combinados. La cogeneración ha pasado de producir el 11% de la electricidad del país al 4,3% el pasado mes de julio.
La cogeneración ahorra al año 15 TWh de gas, equivalentes al consumo de gas de dos meses y medio de todos los hogares y pymes de España o al de la industria española este mes. Si el Gobierno quiere reducir la demanda de gas debe contemplar ineludiblemente la cogeneración y el despilfarro de sustituirla por ciclos combinados.
Para el sector, parar las cogeneraciones para favorecer a unos ciclos que consumen un 30% más de gas es «un fraude de ley» y «un grave error de política energética e industrial». El origen pudiera estar en las expectativas del Ministerio de compartir los ingresos con los ciclos vía impuestos, de forma contraproducente para la economía nacional y europea. En Europa —incluida Portugal que comparte el mecanismo de topado de gas—, las cogeneraciones funcionan a tope con los mismos precios de gas de mercado que los ciclos.
Si se sigue incumpliendo la Ley, además de las denuncias remitidas a la Comisión Europea por discriminación y distorsión de la competencia, se presentarán nuevas cuestiones al Tribunal Supremo. Cuando Europa necesita ahorrar gas, cerrar cogeneraciones para sustituirlas por ciclos combinados es un fraude a los compromisos nacionales de ahorro acordados con la UE y un comportamiento contrario al interés general de España y Europa.
«Ahora estamos a la espera de que la UE se pronuncie en septiembre y ponga una solución porque, de lo contrario, nos abocan a cientos de demandas, de hecho por lo civil está en curso la reclamación de daños y perjuicios a España por competencia». Además, «conforme el Ministerio vaya publicando las normas, si se confirma el nivel de desprotección a la cogeneración, seguiremos recurriendo una por una, porque se trasmite inseguridad jurídica, se desplaza la producción y se deja de invertir», concluye Rodríguez.
