Grifols se ha convertido en un coleccionista de demandas tras perder en Bolsa 12.400 millones de euros desde los máximos de febrero de 2020. La capitalización de la compañía se ha desplomado un 66% en los últimos dos años y medio, hasta reducirse en poco menos de 7.800 millones de euros. La cotización de la acción ha regresado a niveles no vistos desde febrero de 2013, una cota que pone en serio riesgo la confianza inversora en el valor.
La compañía controlada por Raimon Grífols Roura y Víctor Grífols Deu compagina sus planes para reducir deuda con arbitrajes y negociaciones para no llegar a juicio en al menos dos de los casos.
EL CIERRE DEL NEGOCIO DE SANGRE, MOTIVO DE DISPUTA CON CERUS E IRÁN
Según ha desvelado Grifols a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los últimos litigios se centran en su plan de reestructuración, como el cierre de su negocio de sangre en noviembre de 2021, pero también en sueldos y salarios que abona la compañía en California y el sobrepago de al menos unos 12 millones de dólares que habría realizado Siemens por un contrato de suministro. Al mismo tiempo, Grifols ha demandado a Abbot por los royalties de una licencia de patente. La compañía no se ha pronunciado oficialmente más allá de lo remitido al regulador.
La compañía de hemoderivados decidió cerrar negocios no estratégicos, como el negocio de las bolsas de sangre. Las fábricas de Murcia y Brasil cesaron la actividad, si bien se llegó a un acuerdo ‘in extremis’ con la plantilla en España para recolocar a 70 empleados de los 165 totales, una decisión que evitó la huelga.
La adopción de esta medida no fue tan traumática para la plantilla, ya que se pactó con los sindicatos el pago de una indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 36 mensualidades, junto con el abono en metálico de entre 6.000 y 16.000 euros para cada trabajador afectado dependiendo de la edad.
CERUS CORPORATION, UNA DEMANDA QUE PUEDE ACABAR EN PACTO
Sin embargo, la actividad tenía contratos en vigor, como el establecido desde 2016 con la sociedad norteamericana Cerus Corporation. Ésta ha decidido emprender el camino judicial en los juzgados de Rubí (Barcelona). Según Cerus, se trata de un cierre se realizó de forma «negligente» y ha solicitado la suspensión del cierre de la fábrica de producción de bolsas de sangre hasta que el tribunal de arbitraje se pronuncie al respecto. A esta instancia recurrió Cerus el pasado mes de diciembre.
Ambas partes acordaron designar respectivamente a dos de los miembros de los tres miembros del tribunal. Cerus escogió a uno de ellos, mientras Grifols está en proceso de selección. Los dos escogidos tendrán la potestad de nombrar al tercero en discordia.
La vista estaba fijada para el pasado mes de marzo. Sin embargo, se solicitó tanto a los árbitros como al juzgado que conoce de las medidas cautelares la suspensión de las mismas por un plazo de 60 días para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial. En abril, ambas compañías pidieron la prórroga de la suspensión de los procedimientos para poder continuar la negociación hasta principios de septiembre.
«En estos momentos y sobre la base del estado de las negociaciones entre las partes, la resolución más probable del conflicto es que ambas compañías llegan a un acuerdo extrajudicial para la continuidad de su relación comercial -contrato de fabricación y suministro- bajo términos satisfactorios para ambas partes», ha afirmado Grifols.
IRAK EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES DEL CONTRATO DE GRIFOLS
Cerus no es la única entidad que ha iniciado un proceso contra Grifols por este motivo. La agencia del medicamento iraquí, Kimadia, tuvo que cancelar el suministro de bolsas de sangre por la decisión de Grifols. Las cláusulas del concurso estipulan las compensaciones y sanciones, pero el agente reclama una compensación adicional por los servicios prestados. Por el momento, las negociaciones por la compensación con el fin de recortar la cuantía de las sanciones estableciedas avanzan a un ritmo muy lento.
Para Grifols, esta línea de negocio era prescindible debido a su escasa rentabilidad y un peso muy bajo respecto a los ingresos totales de la compañía. El fin era el de reducir su abultado nivel de deuda, que ha cerrado el pasado mes de junio en las nueve veces, muy por encima del 6,5 registrado a cierre de diciembre. La empresa catalana está sucumbiendo a la compra de la alemana Biotest.
De hecho, tras el cierre del negocio de sangre, Grifols ha proseguido con las desinversiones. En concreto, ha inyectado en liquidez 93 millones de dólares, unos 93 millones de euros al cambio actual, por la venta de Medkeeper, que aglutinó los activos de la filial estadounidense Goetech. Becton realizó la compra.
LA PROTECCIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS PUEDE COSTAR A GRIFOLS 54 M$
Sin embargo, no son los únicos frentes abiertos. El Tribunal de Distrito del Condado de Cook en Illinois indaga en la demanda de un ex donante y empleado de la compañía por una posible infracción vinculada con la protección de datos biométricos. Se trata así del inicio de una posible acción colectiva que podría acarrear consecuencias. Grifols ha pedido el desistimiento y el resto de escritos presentados a mediados de diciembre del pasado año.
54.000 donantes en Illinois reclaman 1.000 dólares por infracción
Los demandantes podrán repetir la reclamación tras el rechazo del juez, que señaló que «formaron una petición en grupo inadmisible, porque la demanda reformada no contenía información básica sobre la conexión de cada demandado con las reclamaciones». El pasado mes de mayo se presentó esta segunda reclamación y Grifols prepara la moción para cerrar el caso.
Este caso podría alcanzar los 54 millones de dólares como mínimo si finalmente la acción colectiva llegara a buen puerto. Y es que, hay 54.000 donantes involucrados por una sanción por cada infracción de unos 1.000 dólares. Asimismo, está implicada también Interstate Blood Bank, Inc, por lo que habrá que esperar qué parte corresponde a Grifols.
GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS, FOCO DE OTRAS DOS DEMANDAS
La compañía catalana en manos de los Grífols se enfrenta a otra demanda colectiva de 300 empleados de Grifols Diagnostic Solutions (GDS) han demandado a la empresa en California. Grifols presentará su moción este mismo mes de agosto. Los trabajadores exigen los salarios correspondientes a los últimos cuatro años. La compañía no ha desvelado el importe.
Siemens, por otro lado, ha iniciado el procedimiento contra GDS por un contrato de suministro. La alemana alega un sobrecoste después de una auditoría. La decisión de arbitraje estaba programada para finales de este pasado mes de julio. En caso de un fallo en contra, Grifols se enfrenta al pago de 12 millones de dólares, como mínimo.