jueves, 8 diciembre 2022 20:46

Enagás reclama al Gobierno 20,6 millones de euros tras un proyecto fallido en Canarias

Enagás se ha levantado en armas contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Así, la compañía gasística presentó recientemente una reclamación de responsabilidad patrimonial al Consejo de Ministros para recuperar los costes del intento fallido de poner en marcha una regasificadora en Canarias. Un pleito que podría suponer un coste para el Estado de 20,6 millones, ya que la propia firma señala que “a partir de las conclusiones legales [en concreto, las últimas sentencias al respecto] es altamente probable la recuperación de los activos”.

PUGNA ABIERTA

La pugna del gas en las Islas Canarias lleva abierto desde el siglo pasado y se conoce como ‘Proyecto Gascan’. El nombre lo recibe de la empresa constituida en 1999 para la construcción de dos plantas de regasificación, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. La idea era que el centro de Tenerife se ubicará en Puerto de Granadilla, mientras que la de Gran Canaria estuviera en Puerto de Arinaga. Además, ambas contarían con un tanque de almacenamiento de GNL de 150.000 m3, una capacidad de emisión de 150.000 Nm3/h y un atraque para recibir buques metaneros de hasta 145.000 m3 de capacidad.

La infraestructura ya se veía en aquel momento en imprescindible para la región

La infraestructura ya se veía en aquel momento en imprescindible para la región. Al fin y al cabo, debía permitir la introducción del gas natural en las islas, mientras que también tenía un efecto dinamizador en la economía. Además, en la actualidad, dada la difícil situación por la que atraviesa España y Europa, habría sido de gran ayuda. De hecho, en su día recibió una subvención de hasta 50 millones de euros provenientes de la Unión Europea. Pero ni salió adelante entonces, ni tampoco ha habido mucha más suerte en los últimos años.

GASCAN: LA TEDIOSA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE GAS

Aun así, Enagás decidió apostar por el proyecto. En concreto, Gascan se creó con el respaldo principalmente de Endesa, que poseía más de 47% del accionariado, y Regional Canaria de Energías, que mantenía un 41,94% del proyecto, un grupo de empresarios canarios que se unieron para impulsar el proyecto en su región. El resto, más de un 10%, pertenece a la empresa pública Sogecan. Pero años más tarde, Enagás compraría esas participaciones de la compañía, y del proyecto que contenía, para impulsarlo, dando salida a sus antiguos socios.

LA ENTRADA DE ENAGÁS

De hecho, la entrada de Enagás, una firma especializada en la construcción de este tipo de infraestructuras, parecía poder ayudar a desentrañar los problemas que había de fondo. Especialmente dos: uno ambiental y otro económico. La secuencia de encuentros y desencuentros fue especialmente relevante, tras la entrada de Enagás en el accionariado de Gascan. Así, en febrero de 2015, la compañía aseguraba que las obras comenzarían en el segundo semestre de ese mismo año, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental y en enero de 2017 el operador solicitó la autorización administrativa.

El Tribunal Supremo ratificó en 2018 una sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Finalmente, llegó la decisión del Tribunal Supremo en 2018 que ratificó una sentencia dictada en igual sentido en 2016 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla. En cuanto a la viabilidad económica, fue la CNMC quien la puso en tela de juicio. Así, en 2017 emitió un informe en el que no consideraba conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado en el puerto de Granadilla, porque entendía que no había garantías de su utilidad ni estudios que comprueben su sostenibilidad económica.

ENAGÁS Y EL RESPALDO DEL TRIBUNAL

Pero aquello no impidió que Enagás siguiese con el pleito. Y después de cumplir una década en el accionariado, tras comprar en primer lugar el 41,94% que estaba en manos de los empresarios canarios, empezó a tener resultados favorables en términos jurídicos. Así, la firma gasística explica que el 21 de febrero de 2022 le fue notificada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaba el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de la solicitud de nueva autorización administrativa del proyecto de la Planta de Regasificación de GNL.

el pasado 6 de julio se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial al Consejo de Ministros

Una sentencia que finalmente se ha vuelto firme, lo que ha propiciado a que Enagás apuntase directamente al Gobierno. En concreto, la compañía explica que “el pasado 6 de julio de 2022 se presentó reclamación de responsabilidad patrimonial al Consejo de Ministros, con el objeto de poner en marcha un mecanismo alternativo por el que recuperar los costes incurridos en dicho proyecto”. Además, la firma señala que “a partir de las conclusiones legales es altamente probable la recuperación de los activos asociados al proyecto, cuyo valor asciende a 20,6 millones de euros”.

La historia del gas en Canarias pone de relieve el largo y complejo sistema de concesiones de licencias

Parece que finalmente Enagás podrá obtener algún rédito de sus inversiones en el proyecto Gascan, aunque podría demorarse. Pero la historia del gas en Canarias pone de relieve el largo, difícil (prácticamente imposible) y complejo sistema de concesiones de licencias y demás para proyectos de este tipo. Unas construcciones que más tarde, especialmente ahora, se han demostrado vitales para preservar la economía y la vida de los ciudadanos.


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