Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha denunciado la «falta de rigor» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su decisión de sancionar con 203,6 millones de euros a varias empresas del sector por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
La patronal ha señalado que el organismo de competencia ha prescindido de los elementos necesarios de prueba y se ha basado en «meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas» en su resolución. En opinión de Seopan, estas vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia e incurre en error al valorar de forma equivocada las conductas investigadas como prácticas colusorias, además de vulnerar el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones «manifiestamente desproporcionadas».
En otro punto, la organización recalca que la resolución emitida por Competencia reconoce, expresamente, que las prácticas investigadas «no se han calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de competencia».
«Es decir, la CNMC reconoce que no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o del reparto del mercado, como erróneamente se ha podido interpretar por algunos medios de comunicación», ha apostillado Seopan en su comunicado.
Por otro lado, Seopan ha incidido en que en los hechos investigados tampoco existe ningún acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera presentar las mismas ofertas técnicas y alterar las licitaciones, sino una práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es «lícita, normal y eficiente».
En este sentido, la patronal ha subrayado que no hay prueba alguna que acredite que la compartición de que estos costes de licitación alterara la calidad de las ofertas técnicas que cada empresa presentaba separadamente o que existiera una ventaja de las empresas por compartir costes de licitación. «Es una simple opinión de la CNMC, que no se puede compartir», ha agregado Seopan.
En otro punto, la patronal ha señalado que la afirmación contenida en la resolución de que se ha producido una vulneración de la legislación de contratación pública «es incierta». Seopan ha destacado que la CNMC hace una interpretación vsesgada» de algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.
Seopan ha asegurado que la práctica de reducción de costes antes mencionada ha beneficiado de forma lícita a miles de licitaciones, sin que se tenga constancia de un solo caso en el que la oferta haya sido rechazada, objetada o de alguna forma considerada irregular por alguna de las administraciones involucradas.
Por último, la organización ha hecho un inciso en el «gran esfuerzo» realizado durante los últimos años por las empresas que representa en general, y por las seis empresas afectadas, en particular, en el empeño de constituirse en «referente ético en el ejercicio de sus actividades, habiendo realizado importantes inversiones en recursos de toda índole para la mejora de todos sus procedimientos internos de prevención y control de comportamientos».
