El resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía fue tan transparente como premonitorio. En especial, en clave nacional ante unas hipotéticas elecciones a nivel nacional en un futuro próximo, incluso, aún agotando la legislatura allá por 2023. Así, la conclusión parece clara: el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijoo, llegará a La Moncloa. Pero no es tan sencillo, y es que la última palabra no la tendrán los españoles, sino principalmente el Banco Central Europeo (BCE). De hecho, será Christine Lagarde, su presidenta, quien encumbre o entierre al propio Sánchez.
Obviamente, no se trata de que el BCE decida quién será el siguiente presidente del Gobierno, pero su próximo movimiento puede cambiarlo todo. Al fin y al cabo, la situación actual para los socialistas no es fácil, como se ha demostrado en Andalucía, su feudo histórico, y anteriormente en otras comunidades autónomas. Por lo que si empeora la situación económica (que es lo más probable) o se imponen futuros recortes en ella (que podrían afectar desde las pensiones a cualquier otra partida) las posibilidades de Sánchez de conseguir una reelección serán ínfimas, incluso si el que las firma es el presidente del CIS, José Félix Tezanos.
Así pues todo pasa por cómo decida ejecutar el organismo europeo su próximo plan de salvamento para el sur de Europa. Y las informaciones que llegan, al menos hasta ahora, no parecen ser excesivamente satisfactorias para Sánchez y el PSOE. En especial, porque Alemania vuelve a mostrarse reacia a que el BCE, junto a Bruselas, pueda articular un mecanismo de ayudas para España, Italia y Portugal sin condiciones. De hecho, el ministro de finanzas germano, Christian Lindner señaló recientemente que no ve “riesgo real” de fragmentación en la eurozona por el diferencial de las primas de riesgo.
25.000 M€ EXTRAS EN PENSIONES
Lo anterior, se puede interpretar cómo una forma sutil de mostrar su rechazo al mecanismo antifragmentación que está preparando Lagarde. Y, obviamente, si ya de primeras se opone resistencia a la creación de un sistema que ayude económicamente a los países del sur es más que probable que el enfrentamiento sea aún mayor (y más visible) si ese tipo de recursos se pretenden prestar sin condicionantes. Al final, el sentimiento de Alemania y el resto de países situados más al norte es el de intentar frenar la idea de que el BCE permitirá gastar a esas regiones a manos llenas.
Una intención que, precisamente, es la que tiene el Gobierno español. En especial, en el tema pensiones, que se ha vuelto increíblemente difícil de abordar. En primer lugar, y más importante, porque es un factor decisivo desde el punto de vista electoral. Y eso lo sabe mejor que nadie el propio PSOE, de hecho, José Luis Rodríguez Zapatero se atrevió a congelarlas y un año más tarde el PP ganaba las elecciones con mayoría absoluta. Al fin y al cabo, la masa de pensionistas en España, que abarca más que el número solo de jubilados, supera ya los 10 millones de ciudadanos y son muy proactivos a la hora de votar.
Pero el segundo punto es todavía más controvertido. Y es que la actual situación de quiebra de la Seguridad Social, cuyos ingresos no cubren los todos gastos, lo cambia todo. La alternativa utilizada hasta ahora ha sido la de emitir deuda, aprovechando los tipos históricamente bajos, para abonar ese desfase. Pero a medida que suban los tipos, además deberían hacerlo con fuerza, esa opción no solo será menos atractiva, sino que será inviable si, asimismo, el BCE despliega ese sistema antifragmentación. La alternativa es que una parte de las pensiones, sobre todo las no contributivas, se sufraguen a través de los presupuestos y no con la Seguridad Social.
PLAN DE LAGARDE PARA ESPAÑA
Un parche que, sin embargo, solo fragiliza todavía más las finanzas públicas españolas. Al fin y al cabo, eso ampliará por sí solo el déficit actual, que ronda el 5%, parece ya crónico, enfrentado al Gobierno español directamente con Bruselas, ya que en algún momento se volverá a exigir reducirlo por debajo del 3%. En definitiva, que la solución no parece satisfacer ni al BCE, especialmente la primera, ni a Bruselas, en el caso de la segunda. De ahí, que las opciones de Sánchez para encontrar unos 25.000 millones de euros adicionales, que es el coste de la subida del IPC en 2022 y 2023 más o menos, se estén agotando.
Aunque eso, por el momento, solo son suposiciones. De hecho, el BCE ni ha desvelado el mecanismo que utilizará para ayudar a los países del sur, ni mucho menos si va a llevar condicionantes. Pero cada vez más expertos apuntas a esos condicionantes. Hasta el punto, de que la herramienta existente, que se conoce como Transacciones Monetarias Directas (OMT, por sus siglas en inglés), estaba ligada a un programa de reformas estricto que estaba dirigido, entre otros, por el FMI. En aquel entonces, a esos supervisores, que incluía a la Comisión y al propio BCE, se le conocía como la troika o los hombres de negro.
Además, que el BCE tampoco ha negado ni una cosa ni la otra. Así, durante una intervención de este pasado lunes 20 de junio, Lagarde solo quiso poner el foco en que la herramienta que está desarrollando se ajusta a la legalidad y entra dentro de las disposiciones del BCE. Con ello, intenta que no sea recurrido ante la justicia como ya pasó anteriormente con otros programas similares ideados en los peores momentos de la anterior crisis.
En definitiva, el futuro de Sánchez y el del próximo inquilino en La Moncloa parece que puede decidirse muy pronto. Y no será en las urnas de los colegios electorales españoles, ahora, en un mes o dos años, sino en la forma con la que se configure el próximo mecanismo salvavidas para le sur. Así, cualquier imposición de limitación de gasto (que limite las futuras pensiones) podría ser la tumba política de Pedro Sánchez.
