El acuerdo alcanzado entre el gigante farmacéutico Grifols y el Gobierno de Andorra huele a chamusquina. Al menos esa es la sensación que tiene una parte del arco parlamentario del Principado y de la sociedad catalana al ver los detalles de un pacto que incluye numerosas cesiones por parte del sector público, sin que esté muy claro el beneficio que aporta al país la apuesta del grupo empresarial familiar catalán.
LABORATORIO DE ALTA SEGURIDAD
Tal como ha informado la compañía, esta alianza público-privada permitirá construir un centro de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) «de referencia» que permitirá avanzar en el conocimiento del sistema inmunitario humano para así poder desarrollar nuevas terapias. Su nombre será Pyrenees Immunology Research Center (PYIRC), estará ubicado en la localidad de Ordino y tendrá laboratorios de alta seguridad en los que se estudiarán enfermedades autoinmunes, así como el cáncer y varias «patologías infecciosas emergentes».
El Gobierno de Andorra ha defendido el acuerdo destacando que supone un paso importante para diversificar la economía del Principado (excesivamente basada en el sector financiero) poniendo el foco en la biotecnología y el análisis de datos, áreas que han cobrado una especial importancia en los últimos tiempos con la pandemia del Covid. Y todo se realizará mediante una unión de empresas (joint venture) controlada en un 80% por Grifols y el 20% restante por una agencia estatal, denominada Andorra Desenvolupament i Inversió.
MAYORÍA EN EL CONSEJO
Y aquí es donde está una de las fuentes de polémica que ha generado mucho revuelo en los mentideros del país pirenaico y también en los de su vecina Cataluña, ya que este reparto del capital permitirá a Grifols tener la mayoría del consejo de administración de la nueva entidad constituida. La compañía ha anunciado que la inversión prevista es de unos 25 millones de euros para la construcción del centro y otros 7 millones de euros anuales para los gastos operativos derivados de la actividad de investigación.
A pesar de que Grifols promete «aportar todo el apoyo financiero necesario para la construcción del centro y el desarrollo el proyecto», lo cierto es que logrará la cesión de un terreno público de varios miles de cuadrados, no tendrá que abonar los costes de la construcción de infraestructuras de acceso, y además recibirá una dotación anual de las arcas del Principado por importe de 200.000 euros. Un negocio redondo.
«EXTORSIÓN CONSENTIDA» Y «PREVARICACIÓN»
Aunque la idea del Gobierno de Andorra es usar esta alianza como un ejemplo para atraer capital tras la crisis reputacional generada por los numerosos escándalos que han afectado el sector bancario, lo cierto es que en algunos círculos se habla ya de que puede existir «extorsión consentida» o incluso «prevaricación».
Conceptos muy graves que han llegado a aparecer en medios de comunicación locales al descubrirse que el acuerdo impulsado por Xavier Espot y la familia Grifols también establece la obligatoriedad de que los organismos que dependen de la Administración Pública del país consuman –de forma exclusiva y preferente– el plasma sanguíneo que comercializa Grifols y que ahora no vende tan bien como antes. Todo ello sin concurso ni licitación pública.
LA IMPORTANCIA DEL PLASMA SANGUÍNEO
Precisamente el pasado febrero, en la presentación de resultados anuales que realizó Grifols relativos al ejercicio 2021, la compañía admitió que una de las razones para que el beneficio se haya desplomado un 70% es que su facturación se ha visto resentida por los menores volúmenes de plasma que no fueron compensados con los ingresos derivados de la venta de pruebas de diagnóstico para detectar el Covid (los famosos test).
Grifols confía en volver al crecimiento y a la rentabilidad «a medida que las donaciones de plasma se estabilicen» y en este contexto es donde encaja la parte del acuerdo con el Principado de Andorra que ha levantado las suspicacias, sobre todo por no haber sido publicitado el compromiso de adquisición del citado plasma en los comunicados oficiales emitidos para promocionar el pacto.
no ha sido publicitado el compromiso del gobierno de andorra de comprar el plasma en exclusiva a grifols, sin licitación
Según las cifras reflejadas en su última actualización de negocio, en la actualidad los volúmenes de plasma están recobrando los niveles semanales previos a la pandemia «en un contexto de sólida demanda subyacente, respaldada por los precios y el mix de producto».
Los principales motores que han contribuido a una mayor obtención de plasma han sido las nuevas aperturas y adquisiciones recientes de centros, la obtención de mayores volúmenes en los centros regulares y «eficiencias relacionadas con mejoras tecnológicas, digitales y operacionales».
NADIE HA PRESENTADO UNA DENUNCIA
Fuentes de inteligencia económica admiten a MERCA2 que hay sospechas de prevaricación, aunque nadie ha presentado una denuncia formal. No obstante, también indican que aunque podría considerarse que «el contrato es draconiano» para los intereses del país, también es verdad que el equipo jurídico de Grifols es de primera división, lo cual ha podido facilitar que al final la balanza se haya inclinado por el lado de la farmacéutica.
De hecho el principal asesor legal de la firma catalana es Tomás Dagá, que además de llevar las cuestiones jurídicas ha participado de forma activa en la expansión del grupo, siendo una de las personas de máxima confianza del presidente, Victor Grifols. La compañía dispone de una red de centros de plasma con presencia en Europa, Norteamérica, China, Oriente Próximo y África. Este diario se ha puesto en contacto con Grifols para recoger sus valoraciones sobre estos hechos, sin haber recibido respuesta alguna al cierre de esta edición.
