Más de diez años y ni un gran proyecto de renovables. La Generalitat ha puesto todo tipo de trabas a los grandes proyectos fotovoltaicos y eólicos en Cataluña. Un castigo inmerecido a estos planes para conseguir la transición energética lo antes posible y con solidez. Durante este tiempo, la Generalitat ha puesto palos en las ruedas año tras año con moratorias y todo tipo de requisitos a estos proyectos. El objetivo es mantener contentos a los grupos de ecologistas que se oponen a estos proyectos en las zonas más proclives para implantar las renovables.
Estos proyectos han sido descartados por completo en los planes de la transición energética catalana. Hasta ahora, la Generalitat había guardado silencio sobre las posibles demandas judiciales que se avecinan desde el año pasado por los últimos requisitos impuestos. No obstante, los promotores han dado de plazo hasta junio para conocer si el nuevo decreto del Govern desencalla la situación.
LA GENERALITAT RECULA, PERO EVITA CONCRETAR CÓMO IMPLANTARÁ LAS RENOVABLES
Con la invasión de Rusia a Ucrania, Aragonès ha comenzado a recular, aunque aún sin medidas concretas. Al menos de palabra, ha admitido que la implantación de las renovables en Cataluña es muy pequeña, aunque sin llegar a entonar el ‘mea culpa’ por paralizar estos proyectos, el presidente de la Generalitat se ha emplazado a acelerar la transición energética de cara al 2030. Y es que, el tiempo corre en contra desde hace años, desde la aprobación y adhesión a la Agenda 2030.
La Generalitat quiere apagar las centrales nucleares en 2034, aunque la competencia es del Estado. Pero no tiene alternativa instalada para poder suministrar electricidad a la industria. De hecho, la comunidad autónoma necesita no sólo cubrir el 55% que dejarán las plantas nucleares, sino que tendrá que poner en marcha grandes proyectos para eliminar la dependencia del resto de España para ser autosuficiente.
El propio Aragonès ha admitido ante los empresarios del Cercle d’Economia que las renovables en Cataluña sufren un fuerte retraso en su implantación. «Partimos de una posición que nos ha dejado atrás y conviene mejorarlo», ha afirmado. Así, ha reconocido que en los últimos diez años se ha paralizado esta actividad, aunque ha afirmado que antes de 2030 habrá instalados 12.000 MW adicionales a los actuales y otros 62.000 en 2050.
LOS PROMOTORES DUDAN DE ARAGONÈS
El cómo lo hará junto con el por qué recula ahora y no hace unos meses, cuando aprobó unas condiciones draconianas al sector, son por ahora un enigma. Por el momento, el sector sigue cogiendo con pinzas estas declaraciones. «Está bien que empiece por admitir este atraso«, ha señalado un alto directivo del sector, aunque dudan de la veracidad de las palabras cuando existen aún trabas a los grandes proyectos. Por este motivo, los inversores y promotores dudan de las declaraciones, aunque indican que es un paso adelante y podrían utilizar este discurso para tratar de arrancar las máquinas para imponer la fotovoltaica en el territorio.
«Es un objetivo ambicioso, pero realista para situarnos dentro de diez años con un sistema eléctrico totalmente descarbonizado», ha afirmado en la 37 reunión del Cercle.
RIBERA, NI TOPE DEL GAS NI SOLUCIÓN AL MIDCAT
En el mismo acto ha intervenido la ministra de la Transición Energética, Teresa Ribera, aunque su mensaje ha ido dirigido al tope del gas a 50 euros por MWh, una medida que se aleja del objetivo delos 30 euros, como había planteado el Ejecutivo para España y Portugal. Por el momento, se ha aparcado hasta resolver diversas cuestiones técnicas.
Con esta medida, que afecta directamente a las eléctricas, el Gobierno tratará de frenar la escalada de los precios energéticos, convirtiendo la Península en una isla en el Sur de Europa. El golpe a las empresas sería de unos 6.000 millones. A juicio de la ministra, se trata «de una reducción de los beneficios, no en una venta a pérdida» que en su opinión «debe ser clave para facilitar el acceso a la energía».
Con la crisis energética derivada de la prohibición de la UE de comprar petróleo a Rusia, España tendrá que importar las materias primas a precios más elevados. Para evitar romper la dependencia energética del gas ruso y seguir financiando a Vladimir Putin y su invasión a Ucrania, Ribera ha puesto como solución el MidCat.
UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SIN CONSENSO
El antiguo gaseoducto está paralizado en Hostalric, a una hora de camino de Francia, pero está fuera de todo plan estratégico. Con esta gigantesca tubería, España podría llevar el gas al Viejo Continente desde Argelia, cuyas relaciones diplomáticas no atraviesan el mejor momento. Sin embargo, terminar la obra costaría una fuerte inversión, y el Gobierno ya ha mostrado su rechazo si sólo los españoles la pagan. «Si aseguramos el suministro de terceros, que lo financien estos terceros», ha afirmado.
Si aseguramos el suministro de terceros, que lo financien estos terceros
Por ahora, empresarios y políticos coinciden en el objetivo de descarbonizar la economía y evitar el uso de los combustibles fósiles. El debate se encuentra en el cómo. No hay puntos en común para abordar la solución y tampoco ésta pasa por la electrificación total de la economía.
Las redes europeas no están preparadas para abordar esta transición. Tampoco hay acuerdo sobre quién debe abordar la inversión, como sí se ha hecho en las telecomunicaciones. Con todo, la transición energética tendría que llegar a todos por igual, ser asequible, y los actuales precios muestran una fuerte desigualdad que podría poner la economía en varias velocidades dentro de los países, con fuertes brechas entre los más grandes y los más pequeños.
