Los acuerdos de Correos con varias entidades para ofrecer servicios financieros y facilitar el acceso a los mismos no son suficientes para encauzar el problema, sobre todo en las zonas rurales, según el Banco de España (BdE), que, ha sido desde hace muchos años, con diferentes gobernadores al mando y gobierno de izquierda y derecha, uno de los máximos impulsores de fusiones y cierre de oficinas, que es la base del problema. El organismo que encabeza Pablo Hernández de Cos da muchas vueltas sobre este tema en los discursos, pero sigue sin proponer ninguna medida concreta.
EL DIAGNÓSTICO DEL BDE
El último ejemplo de cómo el Banco de España se limita a hacer un diagnóstico sobre el acceso a los servicios financieros, centrándose en el efectivo, se encuentra en una intervención de la directora general de Efectivo y Sucursales del Banco de España, Concepción Jiménez, que pronunció un discurso en el «Global Currency Forum».
la directora general de Efectivo y Sucursales del Bde, Concepción Jiménez, habló en el «Global Currency Forum»
La intervención de Jiménez fue en inglés. En la misma, Jiménez habló de los puntos de distribución de efectivo a los ciudadanos y señala que la pandemia ha acelerado el cierre de sucursales bancarias y cajeros automáticos, que representan las fuentes tradicionales de acceso al efectivo por parte del público. Después, llegó la minimización del papel de Correos, la empresa pública que preside Juan Manuel Serrano. “La desaparición de la infraestructura de efectivo ha provocado la aparición de soluciones alternativas como el cashback o la distribución de efectivo a través de las oficinas de Correos, pero, aunque estos canales pueden complementar el acceso tradicional, no pueden sustituirlo por completo”.
LA ALTERNATIVA
También habla de la alternativa que supone instalar cajeros automáticos en autobuses que sirven de bibliotecas móviles en zonas rurales. Este proyecto abarcará unos 130 municipios, la mayoría de ellos muy pequeños, y será subvencionado por un gobierno regional. “Es importante legislar para garantizar que quienes deseen utilizar dinero en efectivo puedan seguir haciéndolo en los próximos años”, recalca, sin entrar en detalle y destacando que la ley impide que se niegue a un consumidor el derecho a pagar en efectivo, dentro de los límites establecidos en la legislación fiscal. En la práctica, esto prohíbe a los comercios exigir el pago exclusivamente por otros medios, como la tarjeta bancaria.
PALIAR LAS COMPLICACIONES y LA OPCIÓN DE CORREOS
De la valoración sobre Correos como vía para paliar las complicaciones de acceso a los servicios financieros, se deduce que el Banco de España no apuesta por extender este tipo de pactos entre Correos y las entidades financieras como una vía que se pueda generalizar. Esto viene a ser minimizar las posibilidades de Correos para contribuir a que haya una gran mejora en el acceso al efectivo y a los servicios financieros, en general.
En este campo, el supervisor reconoce que «la atención pública en España se ha centrado recientemente en la cuestión del acceso a los servicios financieros en su conjunto, especialmente en las zonas rurales”, no tiene ninguna solución concreta y precisa planteada.
la atención pública se ha centrado recientemente en el acceso a los servicios financieros
En este sentido, la directora general de Efectivo y Sucursales, Concepción Jiménez, sí que apuntó «el Gobierno, en coordinación con el Banco de España y los representantes de las de crédito, deberá adoptar medidas antes de junio de 2022 para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las personas mayores”.
Además, los bancos españoles firmaron un protocolo bancario para la promoción de la inclusión financiera de las personas mayores. Entre las medidas, los bancos ofrecerán servicios de caja ampliados y dedicarán personal capacitado para relacionarse con las personas mayores y hacer que los cajeros automáticos y las aplicaciones digitales sean más fáciles de usar y las aplicaciones digitales sean más fáciles de usar.
Está por ver si estas medidas aplicadas recomponer de modo significativo el acceso a los servicios financieros. De hecho, el propio Gobierno se pone la venda sobre la herida por si no consigue los resultados que espera y avisa de que si estas medidas resultan insuficientes o pueden mejorarse tendremos que promover y desplegar otras medidas que garanticen el acceso a los servicios bancarios servicios bancarios para todos los ciudadanos».
LA TEORÍA DEL BANCO DE ESPAÑA
Aunque la plasmación en forme de solucione es harina de otro costal, lo cierto es que el Banco de España hace diagnósticos muy certeros sobre el efectivo. “Para que el efectivo siga siendo viable, es esencial que los ciudadanos que los ciudadanos dispongan de puntos de acceso cercanos que satisfagan sus necesidades. Para formarnos una idea más clara de la situación en España, recientemente hemos realizado un estudio en el Banco de España que analiza el acceso de la población española al efectivo mediante un índice de vulnerabilidad de la población española mediante un índice de vulnerabilidad que tiene en cuenta tanto las variables de la oferta como las de la demanda”.
el Banco de España hace diagnósticos muy certeros sobre el efectivo
Este indicador nos permite identificar las regiones de España en las que los grupos más dependientes del efectivo de efectivo, lo que supone un mayor riesgo de exclusión financiera. Los resultados muestran que la mayor parte de la población española vive en municipios con bajos niveles de vulnerabilidad, es decir, que se considera que no tienen dificultades para acceder al efectivo. Sin embargo, aproximadamente 1,3 millones de personas en España (el 3% de la población) se encuentran en una situación que podría considerarse vulnerable en mayor o menor grado. Un miembro típico de este grupo es de edad avanzada, vive en una comunidad rural y tiene que recorrer km de media hasta su cajero o sucursal bancaria más cercana.
ZONAS RURALES Y PERSONAS MAYORES
Remarcan que, paralelamente, la atención pública en España se ha centrado recientemente en la cuestión del acceso a los servicios financieros en su conjunto, especialmente en las zonas rurales y para las personas mayores.
Bajo esa presión, una nueva Ley de 25 de febrero de 2022 sobre la protección de los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad social y económica, establece que las políticas públicas deben garantizar los derechos en igualdad de condiciones de acuerdo con la situación específica de vulnerabilidad.
