sábado, 4 febrero 2023 21:02

Celsa encara una semana decisiva pendiente del mayor rescate de la SEPI

Las oficinas de Celsa echan humo en esta primera semana del mes de mayo en la que la empresa se juega gran parte de su futuro. Dos son los asuntos cruciales que se dirimen en estos próximos días. Por un lado, el rescate solicitado a la SEPI, que todo hace indicar se concederá durante esta quincena y, por otro, la devolución de unos 55 millones de euros que Celsa tiene prestados por varios bancos españoles y fondos internacionales y a la que debe hacer frente de forma inmediata.

A principios de diciembre de 2020 Celsa solicitó más de 350 millones de euros al fondo de rescate articulado por el Gobierno y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para empresas estratégicas con el fin de sobreponerse al impacto que la pandemia del Covid-19 había ocasionado en sus negocios. Pocos meses después duplicó la petición llegando hasta los 700 millones de euros, días antes de enfrentarse a sus acreedores en el juzgado.

Ha pasado un año y medio sin que el rescate haya llegado, debido a importantes diferencias entre la compañía, en manos de la familia Rubiralta-Rubió, y la SEPI, pero todo hace indicar que en este mes Celsa recibirá el balón de oxígeno que necesita.

Durante varios meses la compañía controlada por Francesc Rubiralta no ha aceptado el formato de rescate ofrecido por el ente público. La institución dependiente del Ministerio de Hacienda proponía conceder la ayuda mediante un crédito a largo plazo, mientras que el empresario catalán exigía un préstamo participativo, convertible en capital. Además, la SEPI se ha mostrado reacia a entrar directamente en el accionariado de Celsa.

Si se produce el rescate, sería el mayor de todos los concedidos hasta la fecha, ya que hasta ahora ese puesto lo ocupaba el otorgado a Air Europa, que se materializó por un importe de 475 millones de euros. En el caso de la siderúrgica catalana, el montante se irá por encima de los 550 millones de euros.

Para comprobar el alcance de la operación, hay que recordar que el Gobierno destinó 10.000 millones de euros al fondo de rescate articulado, por lo que estamos hablando de una operación que supone más del 5% de la capacidad del fondo, que fue aprobado como un apoyo temporal para reforzar los niveles de solvencia de empresas estratégicas no financieras.

RESCATES Y ‘NO RESCATES’ SONADOS DE LA SEPI

Todo lo que tiene que ver con el fondo de rescate articulado por el Gobierno y dependiente de la SEPI está dando mucho que hablar en los dos últimos años. El rescate más elevado hasta la fecha ha sido el de Air Europa (475 millones de euros), pero el más sonado fue el rescate a otra aerolínea, Plus Ultra.

Aunque de menos cuantía, se quedó en 53 millones de euros, la ayuda a Plus Ultra ha sido la que ha levantado un mayor número de críticas y generado un mayor número de reacciones, la gran mayoría contrarias a la decisión de la SEPI, por considerarla totalmente arbitraria y carente de objetividad.

De hecho, ese rescate acabó en los tribunales, y parte del mismo se paralizó, aunque acabó otorgándose. En el mes de enero de este mismo año, los peritos independientes declararon ante el juez que la aerolínea se encontraba sumida en una crisis bastante antes de la pandemia, con lo cual no cumplía con los requisitos exigidos para ser ayudada por el Gobierno y no debió recibir los 53 millones de euros otorgados.

Los estrechos contactos de buena parte del Gobierno de Pedro Sánchez con conexiones venezolanas y el que parte del accionariado de Plus Ultra esté en manos de inversores de este país pueden explicar el rescate más polémico realizado hasta la fecha.

Pero también ha habido ‘no rescates’ polémicos. Quizás el más polémico haya sido el de Room Mate. La cadena hotelera de Kike Sarasola solicitó una ayuda de 52 millones de euros a comienzos de 2021, debido a la situación que atravesaba la compañía por el desplome de la ocupación, al ser el turismo el sector más afectado por las restricciones de movilidad impuestas por los países.

Más de un año después de esa solicitud, la SEPI decidió no conceder esa ayuda a Room Mate, sin que se hayan conocido muy bien los criterios utilizados para sostener esa negativa. La presencia en el accionariado de la cadena de Sandra Ortega, la hija mayor de Amancio Ortega (cuenta con el 30,7% de las acciones) ha podido influir en esa decisión, ya que es conocida la animadversión que buena parte del Gobierno tiene a la familia del empresario gallego, especialmente el sector de Unidas Podemos.

Muchos de los miembros de la formación morada no paran de criticar cualquier movimiento de Amancio Ortega o su familia. Hasta el punto de haber criticado las cuantiosas donaciones realizadas a la Sanidad Pública, como ocurrió con el material de última generación donado para el tratamiento del cáncer, por poner un ejemplo.

Otro de los factores que no ha ayudado a Sarasola a sacar adelante el rescate solicitado puede haber sido su buena relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien Pedro Sánchez considera su mayor enemiga política.


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