jueves, 11 agosto 2022 8:02

La soga verde aprieta a la banca con inspecciones sin seguridad jurídica

El debate en el seno de la Unión Europea sobre el proceso de transición ecológica no parece afectar a la ruta establecida por los reguladores financieros, que han decidido seguir adelante con sus planes de incluir los riesgos medioambientales como elementos clave en la gestión del negocio bancario.

TEST DE ESTRÉS VERDES

Según ha podido saber MERCA2, el BCE y el Banco de España han comenzado ya a inspeccionar a las entidades, solicitando información de cara a preparar unos test de estrés, que verán la luz el próximo julio y que pretenden evaluar el grado de exposición que tienen las carteras crediticias a las políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra el cambio climático.

El problema fundamental, según confirman responsables de los principales bancos españoles, es que estas pruebas de resistencia (o resiliencia como prefieren decir algunos) se van a hacer con una serie de criterios que pueden cambiar en el futuro, ya que se derivan de decisiones discrecionales adoptadas por los supervisores siguiendo indicaciones políticas.

EXISTE INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR FINANCIERO PORQUE UNAS REGLAS QUE PUEDEN SER MODIFICADAS NO PERMITEN ADOPTAR POLÍTICAS DE RIESGO ADECUADAS

Por ello, existe un importante grado de incertidumbre en el sector financiero, ya que unas reglas de juego que pueden ser modificadas en el corto plazo –y que además no tienen alcance global, sino regional y, en algunos casos, nacional– no permiten adoptar políticas de riesgos adecuadas, generar un importante coste burocrático y además, pueden ser inútiles para lograr los objetivos que persiguen los reguladores.

NO HABRÁ REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

Estos son los primeros exámenes de este tipo que van a pasar las entidades y, tras su publicación, ni el BCE ni el Banco de España van a utilizarlas para plantear exigencias de capital. Pero según confirman las fuentes consultadas esto no implica que en el futuro el riesgo medioambiental sirva a los supervisores como un elemento más para determinar el grado de solvencia de la banca.

Por ello desde el sector se reclama que exista una taxonomía clara, que se mantenga en el tiempo y que “sirva para conocer con certeza lo que es considerado verde o sostenible y lo que no, de forma que los departamentos de riesgos puedan hacer su trabajo y calibrar hasta qué punto las carteras crediticias están expuestas”.

DOBLE RASERO

Un elemento adicional que genera incertidumbre es la existencia de un doble rasero a la hora de determinar los criterios para definir estos riesgos. “Los grandes grupos que están supervisados por el BCE no tienen las mismas exigencias que los pequeños que son fiscalizados por los bancos centrales nacionales, y en el caso de España hay ligeras divergencias que hace que existan distintas varas de medir”, señalan a este diario fuentes de uno de las principales entidades españolas con presencia en el extranjero.

Discrecionalidad, doble rasero y falta de información son los tres conceptos que más se repiten cuando se consulta a los grupos financieros que están ya enviando la documentación solicitada a los reguladores. Y el desconcierto es de tal magnitud que incluso la directora general de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, admite que no hay un consenso fijo y establecido sobre lo que puede considerarse riesgo medioambiental.

BDE: “LAS ESCASA DISPONIBILIDAD DE DATOS FIABLES Y LA AUSENCIA DE TAXONOMÍA SIGUEN SIENDO LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PARA CUANTIFICAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”

De hecho el pasado siete de abril. en la presentación de la memoria de supervisión anual del supervisor, Olano hizo unas declaraciones que sembraron el desconcierto en los departamentos de riesgos de los bancos, al señalar que aunque “las entidades no pueden ignorar la preocupación por el cambio climático, y deben considerar los riesgos derivados del mismo en su gestión, la escasa disponibilidad de datos fiables y la ausencia de taxonomía siguen siendo los principales problemas para cuantificar el impacto del cambio climático”.

De momento, lo que está solicitando el Banco de España para realizar estas pruebas de resistencia es documentación para cubrir tres bloques temáticos. El primero de ellos es un cuestionario “para evaluar el despliegue del marco de stress test interno de riesgos climático en los bancos y su integración en la gestión”. Es decir, que muestren cómo están realizando estas mediciones e incorporándolas a sus actividades. En este punto el principal problema es la dificultad para determinar el riesgo de carteras crediticias de pymes y autónomos.

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN EXPUESTAS

“¿Cómo determinar si el negocio de una pequeña empresa o trabajador por cuenta ajena está expuesta al cambio climático o a las políticas de transición ecológica? Es muy difícil, porque en realidad todas las actividades están en mayor o menor medida afectadas por estos riesgos. En el caso de una gran empresa es más fácil, sobre todo atendiendo a su consumo energético, pero en los créditos a pymes y autónomos es prácticamente imposible”, señalan a MERCA2 fuentes de otro importante banco español.

El segundo bloque temático (o módulo, como lo denominan los supervisores) hace referencia a los denominados “peer benchmarks“, que podría traducirse como “puntos de referencia” para hacer comparaciones entre distintos bancos. Aquí lo que se pretende es “evaluar la resiliencia de las entidades financieras a riesgos relacionados con el cambio climático” mediante el análisis de 22 sectores intensivos en CO2. Ello implica determinar “los ingresos vinculados” a estos sectores y analizar las emisiones (directas e indirectas) de este gas por parte de los clientes del banco.

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y PROVISIONES

Finalmente, en el tercer módulo se establece ya la configuración de una proyección o estimaciones de pérdidas generadas por el impacto “de los riesgos físicos y de transición ecológica” hacia una economía descarbonizada, incluyendo el desglose de la cartera crediticia, los parámetros de riesgo y las provisiones; así como un informe “sobre la estrategia a largo plazo de sectores intensivos en Co2 en tres escenarios”: ordenado, desordenado y aquel en que la transición haya fracasado.

Y es aquí precisamente donde la capacidad de los departamentos de riesgos de las entidades (y del propio regulador) están en entredicho, ya que es imposible diseñar una estrategia a largo plazo sobre unos supuestos que son cambiantes y que además presentar una importante incertidumbre regulatoria. El caso de la aceptación de la energía nuclear en el proceso de transición hacia una economía sin carbono es un ejemplo claro que muestra cómo los criterios de los reguladores pueden modificarse en cuestiones relevantes en un abrir y cerrar de ojos.

A pesar de todo ello el proceso sigue adelante, y aunque desde la patronal bancaria AEB se han trasladado algunas de estas inquietudes a los organismos supervisores, lo cierto es que estos primeros test de estrés se realizarán y servirán para dar una imagen de las entidades que, lejos de proporcionar una imagen fiel de sus riesgos crediticios, tendrán un objetivo más político que financiero, al menos por el momento.


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