viernes, 1 julio 2022 10:15

La continuidad del FROB en Caixabank, un marrón para Sánchez y Feijoo

Caixabank es una joya para el Estado por los dividendos que le aporta, pero la presencia pública en el banco tiene fecha de caducidad, ya que el FROB, sobre el papel, debe salir del capital del banco en diciembre de 2023. Cuando llegue ese momento, salvo sorpresa, el presidente del Gobierno será Pedro Sánchez o el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en caso de que haya comicios anticipados y el conservador logre articular una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. El jefe del Ejecutivo tendrá que despejar la incógnita sobre la salida del FROB del capital de Caixabank. Se trata de una patata caliente. Es un marrón para Sánchez y Núñez Feijoo.

UN JUGOSO PASTEL ESTAR EN CAIXABANK

El Estado, por medio del FROB, tiene una participación del 16,1% en el capital de Caixabank y la buena marcha del banco en cuanto a resultados –también va bien en bolsa- le asegura un jugoso pastel en forma de ingresos por dividendo. De hecho, la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), el brazo financiero público que ostenta el 16,1% de CaixaBank, percibirá el próximo miércoles 20 de abril el primer gran dividendo tras la fusión por absorción de Bankia: 190 millones, según “La Informacíón”.

Estos ingresos por dividendo suponen por ahora 1.424 millones de euros y contribuyen a amortiguar en una mínima parte el dineral del rescate de Bankia: 24.000 millones de euros públicos que en su mayoría no se recuperará. Es imposible recuperar la mayoría de dinero, entre otras cosas porque la presencia del Estado en el accionario de banco tiene fecha de salida: diciembre de 2023. 

El Gobierno se puede plantear que el FROB siga en el accionariado de Caixabank

Ocurre que si el Gobierno ya ha prorrogado su permanencia en CaixaBank anteriormente, podría plantearse su continuidad. Según fuentes conocedoras de los entresijos relacionados con este tema, la cuestión del tiempo permanencia del Estado en el capital del banco no tiene que ver con Bruselas, sino que es un “asunto del Gobierno”. “Hay que vender la parte del Estado y ya está” en CaixaBank, señalan fuentes del sector que aluden a la obligaciones del FROB, de acuerdo a la Ley 9/2012. Este proceso debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición, pero se ha ido extendiendo. “Lo del tiempo para salir del capital es algo que se autoimpuso el Gobierno de Mariano Rajoy”, recalcan fuentes financieras. Luego este tiempo se ha ido alargando.

LA GRAN INCÓGNITA

El Gobierno ya ha ampliado varias veces el tiempo de permanencia en el accionariado de Caixabank y esta es la gran incógnita que se cierne sobre el Ejecutivo español. Qué piensa hacer al respecto. El presidente actual es Pedro Sánchez, pero cuando llegue 2024, e incluso antes, habrá elecciones y el Ejecutivo puede caer en manos del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo. Por ello, el número uno del PP no puede descuidar este asunto por si llega a la Moncloa, ya sea con o sin Vox. De este modo, va a tener que trabajar esta tema por si consigue ser el próximo jefe del Ejecutivo. No obstante, lo lógico es que socialistas y populares tengan claro que harán con la presencia del Estado en el accionariado de Caixabank antes de los comicios generales. Tampoco hay que descartar que antes de las elecciones generales, el Gobierno extienda de nuevo el tiempo de permanencia del FROB en el capital del banco.

La norma permite al Gobierno extender la permanencia del FROB en caixabank

LAS OBLIGACIONES DEL FROB

La ejecución de la desinversión forma parte de las obligaciones del FROB de acuerdo a la Ley 9/2012 y el mismo debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición. No obstante, el Real Decreto Ley 4/2016 aprobó la ampliación a siete años del marco temporal en el que se debía producir la desinversión y abría la posibilidad de hacer nuevas ampliaciones de plazo bajo las correspondientes autorizaciones gubernamentales.

Así, el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018, con el preceptivo informe del FROB y del Ministerio de Hacienda, aprobó la ampliación del plazo de desinversión en dos años adicionales.  El plazo máximo de desinversión expiraba en diciembre de 2021, pero el Ejecutivo decidió ampliarlo hasta diciembre de 2023.

En febrero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó ampliar dos años el plazo de desinversión en Bankia

La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas, explicó entonces el Gpbierno. La justificación del Gpbierno para dar este paso es que la  «extensión del plazo permitirá al FROB ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad».

La de 2021 es la tercera ampliación del plazo inicial de venta que se realiza. La primera se aprobó en diciembre de 2016, lo que permitió extender de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión.

En 2018 se amplió de nuevo el plazo para situarlo en diciembre de 2021, fecha que se modifica hasta diciembre de 2023.

LOS COSTES PARA LAS PARTES

La parte económica no ofrece discusión porque es muy jugoso cobrar dividendos, pero la parte de la reputación, el coste de imagen, puede pesar. Y es que estar en el capital de un banco, aunque sea por medio del FROB, tiene costes que son difíciles de asumir de modo prolongado para un Gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre que haya algún conflicto va a salir a relucir que el Estado está en el capital de la entidad. Por ejemplo, los sindicatos le afearon al Ejecutivo que permitiera el ERE por no haber recuperado la autorización administrativa de este tipo.

Por la parte empresarial, tampoco es cómodo para el banco contar con un accionista de referencia que es un foco de críticas, como es el Gobierno, Además, a veces este accionista se posiciona en contra de lo que propone la entidad. Basten dos ejemplos: el primero, el voto en contra del FROB en la junta de accionistas de 2021 sobre la retribución del presidente del banco; el segundo, la abstención del FROB en la votación que aprobó un dividendo de 1.179 millones. Abstenerse sobre un punto que supone una inyección económica para el Estado es una gran paradoja.


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