La inflación escaló en nuestro país hasta el 9,8% en marzo, la tasa más alta en casi 40 años y esto tiene importantes, negativas e inmediatas consecuencias para los españoles y para nuestra economía.
En primer lugar, una pérdida de poder adquisitivo, lo que simple y llanamente, significa que somos más pobres y, en segundo lugar, la depreciación de nuestros ahorros en más de 76.000 millones de euros según estimaciones del Banco de España.
Todo esto tiene un gran impacto en la economía ya que provoca una caída del consumo, pero también un alza de los precios de materias primas para las empresas e industrias del país que las hace menos competitivas, entre otros efectos indeseados.
EL PLAN DEL GOBIERNO
En unos meses podemos encontrarnos ante la temida “estanflación”. Y ante esta situación que, la invasión de Ucrania por Rusia solo ha agravado, ¿qué hace nuestro gobierno?
Nos presenta un Plan Nacional de Respuesta al impacto económico y social de la guerra cuya medida estrella, limitar los precios de la energía, limitando para ello los precios del gas, gracias a la denominada “excepción ibérica”, todavía estamos esperando que sea aprobada por la Comisión.
Un Plan que, como han indicado numerosos expertos, sólo rebajará nuestra tasa de inflación, si lo consigue- algo que muchos de estos expertos dudan- en un punto (una rebaja nada significativa cuando nos movemos en tasas de inflación de casi dos dígitos) y que, sobre todo, no busca aliviar la difícil situación de los hogares españoles sino volverles, volvernos a todos, más dependientes a base de ayudas.
LOS EFECTOS INMEDIATOS
¿Qué medida hubiese tenido efectos inmediatos sobre todos los españoles? Una bajada generalizada de impuestos. Los de la energía por supuesto, pero especialmente el IRPF como le ha propuesto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez.
El gobierno se niega a ello con la excusa de que “bajar impuestos significa debilitar el estado del bienestar”. Una burda excusa porque si ingresas menos, como bien ha indicado Núñez Feijóo, se deben realizar recortes burocráticos no los de los servicios al ciudadano.
Y esto es posible, lo lleva demostrando el Partido Popular allí donde gobierna: Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León, durante años y décadas.
Y, además, el gobierno tiene margen porque como ha indicado el Instituto de Estudios Económicos, España podría reducir su gasto público en 60.000 millones de euros sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias a la mejora de la eficiencia y porque Hacienda recuda en un mes, debido a los elevados impuestos, el doble de lo que se gasta en la subvención a la gasolina.
EL MARGEN
Si hay margen y todos los países de nuestro entorno han bajado los impuestos para, primero, combatir los efectos de la pandemia, y ahora, de la escalada de los precios, ¿por qué Pedro Sánchez no lo hace? Porque prefiere mantener una elefantiásica estructura de gobierno en la que el gasto en asesores y personal de confianza supera en un 30% al del último gobierno del Partido Popular. Unos asesores que, en el caso de Irene Montero, recibían presuntamente – según está investigando un juzgado- un sueldo público por ser sus niñeras particulares y no por trabajar resolviendo los problemas de los españoles.
Por estos y otros motivos igual de espurios es por lo que Sánchez no quiere bajar impuestos. Frente a esto, los españoles pueden confiar en Núñez Feijóo y en el Partido Popular que exigen devolver con efectos retroactivos -desde enero- una parte de la retención del IRPF y bajar impuestos para “dar oxígeno” a los españoles, especialmente a los que no llegan a fin de mes.
Antonio González Terol, diputado del Partido Popular (PP)
